Desde el Ejecutivo municipal de Puerto Esperanza salieron a responder a las duras acusaciones formuladas días atrás por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Giménez, quien denunció un bloqueo presupuestario, persecución política y ruptura institucional.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, la secretaria de Gobierno, Sandra Gamarra, aseguró que la situación responde a un “exceso de contrataciones irregulares” por parte del cuerpo deliberativo, en contraposición con los límites establecidos en el presupuesto aprobado.
Según explicó la funcionaria, el Concejo sabía cuántos agentes podía incorporar en función del cálculo de recursos vigente establecidos en el Presupuesto 2025, pero “igualmente avanzó con más ingresos de los permitidos”.
“Se excedieron. Sabían perfectamente cuántos cargos podían cubrir y aun así tomaron más. Esas designaciones fueron inconsultas y responden a un armado político del sector del exintendente Alfredo Gruber”, sostuvo.
La funcionaria apuntó que, tras advertir esta situación, el Concejo intentó subsanarla con una ordenanza de ampliación presupuestaria, que fue vetada por el Ejecutivo. “No se trata solo de un problema formal. Los ingresos municipales están cayendo, tanto por la baja de coparticipación como por menores recursos. No podemos permitir que el gasto se dispare”, argumentó.
De acuerdo al análisis realizado por el Ejecutivo, el Concejo tenía autorización para designar a dos agentes en categoría 24, uno en categoría 16 y tres en categoría 14. Sin embargo, al momento del relevamiento se detectaron tres empleados en categoría 24 y cinco en categoría 14. A estos últimos se pretendía sumar una sexta persona, según consta en la resolución 96/2025.
“Decidimos no convalidar esas incorporaciones porque no hay margen legal ni financiero. Se notificó a las personas afectadas, incluso se les abonaron los haberes correspondientes al tiempo trabajado”, señaló Gamarra.
Además, aseguró que los contratos se realizaron “sabiendo que no podrían ser sostenidos”, y acusó a Giménez de utilizar políticamente a los empleados involucrados: “Les prometieron algo que no podían cumplir. El intendente tiene la responsabilidad de cuidar las finanzas y garantizar el cumplimiento de la Carta Orgánica. Esto no se trata de una represalia, sino de respetar las reglas”.
Sobre la interna política que rodea el conflicto, Gamarra reconoció que el Concejo tiene mayoría opositora. De los siete concejales, tres responden a la actual gestión, tres a la anterior, y uno -según la secretaria- fue cooptado con un cargo de vicepresidencia: “Están aprovechando su número para impulsar decisiones sin consenso, que no contemplan la situación real del municipio. Es una maniobra política”, sentenció.
Gamarra también se refirió al clima general en el municipio y al desgaste de la gestión frente a distintos conflictos: “Venimos de un problema con los mesiteros en la exterminal, que todavía no está resuelto, y ahora esto. Hay un intento permanente de instalar un estado de confrontación. Nosotros no buscamos eso, pero tenemos la responsabilidad de ordenar”, finalizó la funcionaria.
Una interna que no termina
Desde que Horacio Zarza ganó las elecciones municipales en mayo de 2023, la tensión política en Puerto Esperanza no hizo más que escalar.
El conflicto con su antecesor, Alfredo Gruber, comenzó incluso antes de que asumiera formalmente el cargo en diciembre y sigue vigente más de un año después con declaraciones cruzadas, medidas judiciales y un Concejo Deliberante atravesado por la confrontación.
Deudas millonarias y nombramientos de familiares fueron algunas de las acusaciones que se hicieron el actual intendente y el ex jefe comunal, ambos del Frente Renovador
