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“El Convenio de Corresponsabilidad Gremial es deficitario hace tiempo”

Fue la opinión de Carmelo Rojas, secretario general de UATRE Misiones, luego de la advertencia de productores yerbateros de que no podrán afrontar aumentos en la Tarifa Sustitutiva.

30 julio, 2025
Imagen ilustrativa

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El sector empleador del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) para la actividad yerbatera, elevó una nota formal a la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, manifestando su enérgico rechazo a cualquier incremento en la Tarifa Sustitutiva durante la actual zafra. La misiva, que subraya la crítica situación económica que atraviesan los productores, solicita con urgencia una reunión presencial para revisar el esquema de aportes vigentes.

La carta, firmada por Ramón Aníbal Rodríguez, secretario del sector empleador del CCG, fue dirigida a la doctora Alexandra Biasutti, actual subsecretaria del área. En el documento, los representantes empresariales del sector yerbatero advirtieron sobre la inviabilidad de afrontar nuevos aumentos en la tarifa que, en el marco del sistema de seguridad social rural, reemplaza los aportes patronales convencionales. La preocupación radica en que el actual contexto económico del sector hace insostenible cualquier carga adicional.

“Es de público conocimiento que actualmente el precio de la hoja verde está por debajo del costo de producción estimado”, señala el texto, poniendo de manifiesto la profunda crisis de rentabilidad que golpea a los productores. La nota detalla que, en la actualidad, los productores perciben entre 260 y 285 pesos por kilo de hoja verde, un valor que se sitúa muy por debajo de los costos necesarios para producirla. Esta cifra representa una caída sustancial y preocupante en comparación con los valores abonados en marzo y abril del año pasado, cuando el precio por kilo de hoja verde llegó a pagarse hasta 380 pesos, evidenciando una regresión económica significativa en el lapso de un año.

Ante este contexto, Carmelo Rojas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) Misiones, habló con PRIMERA EDICIÓN y se refirió a la situación de la Tarifa Sustitutiva: “Si bien está establecido que la tarifa debe actualizarse con cada incremento de las escalas salariales para los trabajadores de yerba mate, no depende de UATRE decidir sobre los aumentos de tarifa, y menos en forma unilateral”. 

El dirigente sindical enfatizó que “es la Secretaría de Seguridad Social la que podría tomar las decisiones al respecto”. Asimismo, Rojas no dejó de señalar una problemática de larga data: “Lo que sí hay que destacar es que el Convenio de Corresponsabilidad Gremial viene siendo deficitario desde hace mucho tiempo”, lo que añade una capa de complejidad a la discusión actual sobre los costos y la sostenibilidad del sistema.

 

“Una burla”

Por su parte, Julio Petterson,  productor y subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro de Misiones, también dialogó con este Diario sobre la coyuntura por la que atraviesa el sector y denunció.

“Realmente es una burla total del Estado nacional desregularnos como productores y dejar el poder económico en manos de las grandes industrias”, dijo en referencia a las modificaciones sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Ya nos sacó al ente que nos cuidaba y nos resguardaba con un precio mínimo para los productores, donde se contemplaba el tema de la corresponsabilidad gremial, las paritarias, costos y todo lo demás”.

“En muchas ocasiones no tuvimos margen de ganancia, pero no estábamos trabajando como lo estamos haciendo hoy, donde tenemos un precio referencial muchísimo más alto del que nos pagan”, apuntó.

En esa línea recordó que “cuando estaban las anteriores asociaciones -en referencia a la PAM, Chimiray, entre otras- que trabajaban dentro del consenso del CCG, la corresponsabilidad gremial subía en base a lo que el productor ganaba, pero no descontroladamente como lo hizo en este tiempo, que suben sin importar si el productor está ganando o se está empobreciendo”.

“Estoy en total desconformidad con que hoy el Gobierno nacional nos implemente una nueva suba de la corresponsabilidad gremial en un sistema en el que nos dejaron desamparados”, lamentó Petterson.

En ese sentido, el productor hizo hincapié en el precio que se está pagando por kilo de hoja verde: “El precio promedio que se está pagando en la provincia es de 280 pesos, algunos más y otros menos. Pero de esos 280 pesos se tiene que descontar corresponsabilidad, que hoy ya es un absurdo, teniendo en cuenta el precio que nos pagan, tendría que estar por lo menos 350 pesos el kilo para que el 10% se quede en ello, pero como se están manejando ahora, nos están matando”.

Según indicó Petterson, del precio de la yerba mate en góndolas, “los pequeños productores reciben solamente el 5% y encima tenemos corresponsabilidad gremial”. 

“No es una mala herramienta, es perfecta, pero no con el abuso de poder que está ejerciendo el Gobierno nacional sobre nosotros”, dijo y remarcó: “A los 280 pesos que están pagando por kilo de hoja verde, hay que restarle 35 pesos que es la corresponsabilidad gremial, a eso se le resta 100 pesos de servicio y cosecha, ahí queda 145 pesos, del cual tenés entre el 48 y 50% de impuestos nacionales, porque el productor primario no paga renta, pero sí otros impuestos”.

Este panorama, según explicó, deja como resultado que al productor le queda en el bolsillo 80 pesos por kilo de yerba: “Si un productor pequeño, que en nuestra provincia son alrededor de 7.000 productores yerbateros, tiene 100.000 kilos de hoja verde a 80 pesos, son 8 millones de pesos al año”, dijo y preguntó: “¿Creés que un productor puede comer, pagar estudios, vivir y limpiar los yerbales con 8 millones de pesos al año? Es imposible”. 

Finalmente denunció: “Los zánganos del Gobierno nacional nos siguen aplastando con más represiones. En este caso no es un impuesto, es una obligación que tiene que pagar el productor, pero es un abuso”.

 

Tags: Carmelo Rojascorresponsabilidad gremialJulio PettersonMisionesYerba Mate
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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