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En Argentina, uno de cada cuatro trabajadores informales ya depende de apps como Uber o Rappi

La expansión de la "gig economy" atraviesa generaciones y niveles educativos. Frente a un mercado formal que no incluye, miles eligen conducir o repartir como alternativa viable.

13 julio, 2025

Argentina, al igual que gran parte del mundo, atraviesa un proceso de reconfiguración laboral. Las plataformas de transporte y reparto como Uber y Rappi, antes asociadas principalmente con trabajos informales y sin formación universitaria, hoy abarcan perfiles cada vez más diversos. Profesionales, técnicos, estudiantes y jubilados recurren a estas aplicaciones para complementar sus ingresos o mantenerse activos.

Un informe del Banco Mundial advierte que la llamada gig economy -economía de trabajos esporádicos o freelance en plataformas digitales- sigue consolidando su expansión en países en desarrollo como Argentina.

En la actualidad, más de 435 millones de personas dependen de este modelo laboral. Entre 2016 y 2023, la demanda de este tipo de trabajos creció un 41%. El crecimiento estuvo vinculado, en gran parte, a la falta de oportunidades en el mercado formal, con mayor impacto entre jóvenes y mujeres.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de cada cuatro trabajadores informales en Argentina está vinculado a plataformas de reparto o transporte. Solo en 2023, acorde a los últimos datos disponibles, Uber reportó más de cinco millones de viajes realizados en Argentina desde su llegada al país.

Sergio tiene 59 años, cinco materias pendientes de la carrera de Administración de Empresas y una calificación de 4,9 estrellas en Uber. Hasta hace poco, su principal ingreso provenía del alquiler de departamentos turísticos que gestionaba con su esposa en la ciudad de Buenos Aires.

“Manejamos alquileres desde hace más de treinta años”, cuenta y agrega: “Pero bajó mucho el turismo y el dueño de los departamentos tuvo que vender seis de los diez que tenía. Yo salgo a manejar para complementar con los que quedan. Si no, no llegamos”.

Según estimaciones de la consultora Focus Market en 2024, un conductor que trabaja unas 30 horas semanales puede alcanzar ingresos brutos de aproximadamente $441.000 al mes, mientras que quienes manejan 50 horas pueden superar los $550.000. A estos montos deben restarse entre un 30 % y un 50 % por gastos operativos como combustible, mantenimiento y seguros.

“En vez de estar tirado mirando reels, salgo a manejar”, dice Santiago, que tiene 25 años, y trabaja en gastronomía. Empezó hace dos semanas a conducir en Cabify. Él y sus hermanos quieren organizar una fiesta de cumpleaños para su padre: ‘’Está bueno como para poder darme un gusto sin tener que descontar de mi sueldo base’’, dice.

Cuenta que entre semana suele ganar entre $5.000 y $7.000 por hora, mientras que los fines de semana, entre $7.000 y $12.000 por hora.

Aún así, a nivel internacional Buenos Aires figura entre las ciudades donde menos se paga por kilómetro recorrido, apenas US$ 0,17: 8 puestos por debajo de Montevideo y 6 por debajo de Santiago de Chile. Estas aplicaciones operan acorde a la oferta y demanda de autos y pasajeros en una zona específica.

A través de comunidades digitales como TikTok, grupos de Whatsapp o Facebook, los conductores veteranos advierten a los que recién empiezan: “Hay horarios muertos -tipo 10 de la mañana- donde no hay solicitudes. En esos casos, conviene salir en las franjas de mayor demanda, como los viernes o sábados por la noche, o cuando llueve, que ahí podés levantar $16.000 o $18.000 por hora”. El mismo usuario avisa que el piso razonable ronda los $9.000 por hora: “Si estás ganando menos, algo estás haciendo mal”.

Según un estudio de 2021, solo el 11% de los conductores de Uber en Argentina son mujeres. La seguridad, en muchos casos, es un factor decisivo. Mariana, que lleva más de un año trabajando en la aplicación, asegura que el sistema de calificaciones le permite filtrar a quién acepta: “Antes de confirmar un viaje, me guío por la antigüedad del usuario y el puntaje que tiene”.

Una vez que se genera la solicitud y el viaje es aceptado, ambas partes pueden ver la puntuación del otro. Para tener una idea del sistema: se necesitan alrededor de 13 calificaciones de una estrella (sobre 500 evaluaciones) para que la calificación de un conductor baje de 5.0 a 4.9.

A pesar de ser vistos con malos ojos, algunos avances dentro del mundo tech empiezan a mostrar, cada vez más, su costado democratizador, al menos para quienes necesitan un salvavidas económico o una excusa para no sentirse solos. Lo que antes se consideraba un empleo informal o transitorio, hoy aparece como una alternativa concreta para sostener proyectos o un estilo de vida.

Con una jubilación mínima que ronda los $305.000 (sin contar el bono) y una clase media cada vez más presionada por el aumento del costo de vida, surge una demanda evidente: el de quienes buscan un ingreso adicional. Las plataformas supieron leer esa necesidad y ocuparon ese espacio.

El debate sobre derechos laborales y regulación dentro de la gig economy continúa abierto, pero mientras tanto, estas aplicaciones ya forman parte del día a día.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #economíaArgentinaCabifyGig economyInformalidadplataformasRappitrabajoUber
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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