HLB Pharma instaló una fábrica en Ciudad del Este (Paraguay), en la Triple Frontera, utilizando maquinaria china importada con licencias SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta planta está ubicada en el “Complejo Empresarial Global”, sobre la ruta PY02 (km 331,5), y cuenta con tecnología para sintetizar opioides y otros fármacos biológicos.
El grupo HLB Pharma–Ramallo, responsable de las ampollas de fentanilo que causaron 52 muertes y 76 intoxicaciones, realizó la compra de equipos por 4,5 millones de dólares y otros 556.000 dólares en insumos, triangulando la operación a través de Panamá para obtener divisas al tipo de cambio oficial.
En 2023, la Dirección General de Aduanas denunció una maniobra de presunta sobrefacturación en esta operación. La empresa declaraba valores inflados para conseguir más dólares baratos y girarlos al exterior. El caso está en el juzgado penal económico de Pablo Yadarola, que investiga si hubo contrabando agravado y lavado de dinero.
Las máquinas importadas no estaban destinadas a Argentina, lo cual está prohibido por el régimen SIRA. En cambio, fueron enviadas directamente a Paraguay para la nueva planta en Ciudad del Este.
Meses antes de la tragedia, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió una denuncia anónima que acusaba a HLB Pharma de “vender droga” desde sus instalaciones en San Isidro y Ramallo. Esta denuncia fue incorporada a la causa que lleva el juez federal Ernesto Kreplak, que hoy investiga posibles conexiones con el narcotráfico.
Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro realizaron al menos 11 viajes a Paraguay junto al español Ignacio Méndez Azarraga Pérez y al guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante de la maquinaria. Ariel fue fotografiado en noviembre de 2023 con el expresidente paraguayo Horacio Cartes, sancionado en EE.UU. por lavado y contrabando.
Ariel García Furfaro tiene antecedentes judiciales por intento de homicidio y estuvo vinculado al laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina y asociado a Mario Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”. Asimismo, muchos operarios de la planta de Ramallo provienen de Rosario y se indaga una posible conexión con el clan Cantero.
Por ahora, quedan interrogantes abiertos sobre quién autorizó las licencias SIRA pese a las alertas aduaneras, si se usaron fondos públicos provinciales para comprar medicamentos a Alfarma, otra empresa del grupo, y qué papel jugó la supuesta gestión del gobernador catamarqueño Raúl Jalil. De ahora en más, la justicia busca determinar si la operatoria de HLB facilitó la elaboración del fentanilo adulterado que causó la mayor tragedia sanitaria del año.
Fuente: Agencia de Noticias NA
