La comunidad y los empresarios de Puerto Iguazú no quieren volver a quedarse al margen de los millonarios negocios turísticos que genera el atractivo de las cataratas. Con ese mensaje, la Fundación Amigos de los Parques ingresó una presentación formal ante la Administración de Parques Nacionales solicitando el inicio urgente del proceso de licitación de los servicios turísticos dentro del Parque Nacional Iguazú.
La ciudad “no quiere quedarse solamente con los residuos que se generan en Cataratas”, advirtió la Fundación.
A poco de vencerse la histórica concesión de Cataratas, la comunidad local exige que el nuevo contrato se abra a actores locales y se actualicen las condiciones de un negocio que ha permanecido durante casi tres décadas en manos de un reducido grupo.
Desde 1996, la empresa Iguazú Argentina SA (IASA) administra el acceso y la infraestructura del área Cataratas. Integrada por la constructora Enríquez y la firma ligada al exgobernador Maurice Closs, la UTE fue beneficiada con una prórroga en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, lo que le permitió extender su control hasta 2027. En ese entonces, Closs era gobernador de Misiones.
Además de los fondos volcados en promoción, se intentó construir un faro turístico con una inversión de setenta millones de pesos (de aquel momento) en plena área de Cataratas, un proyecto que finalmente fue frenado.
A metros del circuito concesionado, también se levantó el Hotel Amerian, un cuatro estrellas que completa un entramado empresarial que convirtió a Cataratas en un enclave de negocios privado con poca participación de la comunidad iguazuense.
En su reciente presentación, la Fundación Amigos de los Parques advirtió que el actual pliego de licitación es obsoleto, ya que fue redactado durante los años 90, en el gobierno de Carlos Menem y bajo la gestión de María Julia Alsogaray en Medio Ambiente.
La entidad reclama que el nuevo proceso se base en los principios de transparencia, participación ciudadana y consulta pública, tal como lo establece la Ley General del Ambiente (N° 25.675).
“El negocio de Cataratas no puede seguir quedando en manos foráneas que solo vienen a llevarse el dinero y nos dejan los residuos”, advirtió un empresario local, consultado por PRIMERA EDICIÓN.
Y agregó: “Puerto Iguazú quiere ser parte de las decisiones que afectan al destino turístico más importante del país. No podemos permitir que se repita la historia de exclusión que sufrimos en 1996”.
Contexto
La actual concesión se firmó por doce años, pero fue prorrogada sin nuevas condiciones ni llamado a licitación, acumulando casi treinta años de vigencia.
Según la normativa vigente, ese es el plazo máximo permitido. Por eso, los tiempos apremian: si no se inicia pronto el proceso licitatorio, existe el riesgo de una nueva extensión bajo condiciones que responden a otra época, sin control ciudadano ni participación local.
El reclamo de la Fundación cuenta con respaldo de sectores empresarios, hoteleros, trabajadores del Parque y vecinos.
Todos coinciden en que el modelo debe cambiar: debe romperse el esquema de concesión cerrado que históricamente concentró los beneficios en pocas manos.
“Queremos que el nuevo pliego contemple la posibilidad de que empresarios de Iguazú puedan participar, aportar ideas, competir en igualdad de condiciones y reinvertir en la ciudad lo que se genera dentro del Parque”, indicaron.
La comunidad de Iguazú, que sostiene con su trabajo cotidiano al destino más visitado del país, espera que esta vez la historia sea distinta. Que el nuevo ciclo de concesión abra una oportunidad para democratizar beneficios, descentralizar decisiones y finalmente integrar a quienes conviven, cuidan y apuestan todos los días por el desarrollo local.
