La sesión de ayer en el Concejo Deliberante de Garupá estuvo marcada por la expectativa y la tensión política. El orden del día incluía un dictamen de una comisión investigadora que recomendaba la destitución del concejal de PRO, Rodolfo Kusczak, acusado de haber presentado una denuncia infundada por presunta adulteración del presupuesto municipal contra el presidente del cuerpo, Miguel Rauber.
Sin embargo, a último momento se optó por aplicar una sanción menor y resolver su suspensión, a la espera de la intervención judicial.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Rauber explicó que todo se inició a principios del año legislativo, cuando Kusczak denunció la existencia de supuestas modificaciones ilegales en el presupuesto aprobado y publicado en el Boletín Oficial.
“Inicia el período legislativo con una denuncia por una supuesta adulteración de documento público”, indicó.
El edil opositor cuestionaba que se habrían incorporado cargos a la estructura del Concejo sin aprobación. Pero, según explicó el titular del cuerpo, esa acusación “no ocurrió”, ya que “el mismo presupuesto que había propuesto el intendente fue el que se aprobó, se publicó y luego se ratificó inclusive por el cuerpo”.
Según Kusczak, él y otros ediles aprobaron el proyecto con 23 cargos para el órgano legislativo, pero semanas después se detectó que el expediente enviado al Ejecutivo contenía 28.
“Nosotros votamos lo que corresponde, pero cuando el expediente llegó al Ejecutivo estaba alterado. Eso es gravísimo. Es un delito. No se puede modificar lo que se vota”, afirmó el concejal en una entrevista con PRIMERA EDICIÓN.
La denuncia formal fue presentada por él mismo en la Fiscalía de Instrucción de Posadas, adjuntando como prueba una copia del presupuesto original que, según asegura, fue facilitada por el área contable del Ejecutivo municipal.
La situación se agravó cuando, en lugar de investigarse al presidente Rauber, el oficialismo promovió una comisión investigadora contra el propio Kusczak, por la forma en que accedió a los documentos que sustentan su denuncia.
“Presenté un pedido de investigación contra Rauber y la respuesta fue que me abran una comisión investigadora a mí. El argumento fue que tenía que explicar cómo obtuve los papeles, que son públicos. Fue un intento burdo de disciplinamiento político”, sostuvo.
Kusczak, retirado de la Policía de Misiones y con experiencia en tareas de sumario, remarcó que conoce los pasos legales en los procesos administrativos.
“Yo vengo de hacer expedientes. Lo que hicieron en esta comisión es un mamarracho. No pidieron informes al Ejecutivo ni a la fiscalía. Solo me pidieron a mí que les dé las pruebas. Pero las pruebas ya estaban en la Justicia”, explicó.
Desde el oficialismo, la postura fue completamente opuesta. Miguel Rauber, titular del cuerpo, aseguró que la comisión investigadora fue legítima y que actuó dentro del marco reglamentario.
“La comisión se creó por votación del cuerpo y trabajó durante dos meses. No estamos para encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que se mienta y se falte el respeto a las instituciones”, indicó.
En la sesión de este último martes se dio por finalizado el trabajo de la comisión y se debatió un dictamen que proponía una sanción para Kusczak. Aunque la expulsión fue evaluada, finalmente el propio presidente del HCD planteó la posibilidad de una suspensión temporaria, lo que se terminó aprobando.
“Voy a estar presente en la próxima sesión el martes que viene”, anticipó Kusczak, pese a que para Rauber no debería ir.
Más cruces
La controversia alcanzó un nuevo punto de fricción cuando la concejal Delia Dujaut, del bloque oficialista, denunció irregularidades en el procedimiento y defendió la posición de Kusczak. Durante su intervención, acusó al presidente del Concejo de actuar con parcialidad y denunció que sus compañeros de bancada encubren una maniobra ilegal.
Según Kusczak, Dujaut incluso llegó a calificar al resto del oficialismo como “una manga de delincuentes”, lo que generó un escándalo en plena sesión.
En respuesta, algunos concejales oficialistas deslizaron la idea de someter a Dujaut a una evaluación psiquiátrica, medida que fue considerada por la edil del PRO y quienes responden al intendente local como un intento de hostigamiento político.
De acuerdo a Kusczak, la moción para sancionar a la concejal girada a las comisiones de Gobierno y de Presupuesto, y se prevé que será tratada en la próxima sesión, aunque esto fue desmentido por el propio Rauber.
“No es una defensa personal lo que hizo ella (por Dujaut), es una defensa del funcionamiento institucional del Concejo. Lo que no puede pasar es que votemos una cosa y después se cambie por debajo de la mesa”, sostuvo Kusczak, quien remarcó que los cinco cargos agregados implican un impacto presupuestario que no fue contemplado por el Ejecutivo.
“Esto no es menor. Es plata que no estaba prevista, que alguien decidió usar sin autorización”, agregó.
Según explicó, la denuncia desató una interna entre el intendente Luis Ripoll y Rauber.
“Los concejales que responden al intendente también se sorprendieron. El Ejecutivo se plantó. Dijo que no iba a permitir esas maniobras. Por eso, incluso, en la comisión investigadora hubo resistencia a sancionarme. Se notaba que no estaban cómodos”, señaló Kusczak.
También reveló que una copia del presunto presupuesto adulterado quedó archivada en el Ejecutivo y fue esa la que permitió reconstruir lo sucedido.
“Rauber nunca pensó que quedaba una copia. Mandaron cuatro, devolvieron tres y una quedó. Cuando pedí, me la dieron. Con eso hice la denuncia y hoy (por ayer) la presenté en el recinto”, sentenció.
