La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este miércoles la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades en la administración de sus presupuestos. La medida fue avalada por una amplia mayoría en el caso de Asunción, mientras que en Ciudad del Este generó un mayor nivel de controversia y oposición.
Con esta decisión, ambas intendencias quedarán bajo supervisión del Poder Ejecutivo, que tendrá un plazo de 15 días para emitir los decretos correspondientes y designar a los interventores que encabezarán los procesos administrativos. Según la legislación vigente, durante el periodo de intervención —que se extenderá por 60 días— los intendentes serán suspendidos de sus funciones.
En Asunción, el actual jefe comunal, Oscar Rodríguez, del oficialista Partido Colorado, fue apuntado por la emisión de bonos por 580.000 millones de guaraníes (aproximadamente 72,8 millones de dólares), presuntamente utilizados para gastos corrientes en lugar de obras públicas. La intervención fue aprobada con 74 votos a favor y uno en blanco.
En Ciudad del Este, gobernada por el opositor Miguel Prieto, la votación fue más reñida: 47 votos a favor, 27 en contra y 4 en blanco. Prieto ha sido una figura de creciente protagonismo político y ha expresado su intención de postularse para las elecciones presidenciales de 2028. La Contraloría General de la República reportó un faltante de 42.000 millones de guaraníes (alrededor de 5,2 millones de dólares) en el presupuesto de su administración, lo que motivó la intervención.
Sin embargo, la decisión sobre Ciudad del Este ha sido fuertemente cuestionada por sectores de la oposición. La diputada Johana Ortega denunció que se trata de una “revancha política” y afirmó que Prieto es “un perseguido político”, comparando el caso con prácticas del régimen de Alfredo Stroessner.
En defensa de la intervención, el diputado oficialista Hugo Meza aseguró que la medida responde a una obligación legal ante las denuncias presentadas por la Contraloría. En tanto, la diputada opositora Rocío Vallejo cuestionó duramente el uso indebido de fondos en Asunción y advirtió sobre el impacto financiero que podría recaer sobre los contribuyentes capitalinos.
Con la aprobación parlamentaria, ahora será responsabilidad del Ejecutivo ejecutar las intervenciones y determinar los próximos pasos. El informe final de cada intervención deberá ser remitido posteriormente al Congreso, que tendrá la última palabra sobre el destino de ambos intendentes.
Fuente: Infobae
