El Gobierno nacional formalizó, mediante la Resolución 63/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un significativo cambio administrativo que afecta directamente al Centro de Frontera de Puerto Iguazú. La medida reasigna en uso a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a través de la Subsecretaría de Interior, un predio de casi 10 hectáreas actualmente bajo jurisdicción de Vialidad Nacional, con el objetivo de ampliar y optimizar el funcionamiento del complejo fronterizo, uno de los tres con mayor movimiento del país, junto con Posadas y Ezeiza.
La superficie total transferida, de 97.690 metros cuadrados, está ubicada sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1.639, y forma parte de una reconfiguración del centro operativo donde trabajan más de 350 agentes de organismos como Gendarmería Nacional, Migraciones, Aduanas, Senasa y el Centro de Coordinación de Frontera.
Sin embargo, la decisión genera interrogantes: el kilómetro 1.639 corresponde al ingreso a la localidad, en la zona del Ejército Argentino, pero la partida catastral identificada en la resolución coincide con el emplazamiento actual del Centro de Frontera.
Aunque oficialmente se enmarca en un plan de racionalización del uso del espacio estatal, en Iguazú sobrevuelan dudas sobre el verdadero alcance del cambio: si se trata de un eventual traslado del Centro de Frontera, si está vinculado a una intención del Gobierno nacional de avanzar hacia un esquema de privatización de servicios y reordenamiento del control aduanero, o si se trata de ambas situaciones al mismo tiempo. En ese caso, implicaría remodelar las instalaciones para permitir un ingreso más libre de visitantes y, al mismo tiempo, sentar las bases para un eventual llamado a licitación.
Según trascendidos entre empleados del lugar, existiría una intención del Gobierno nacional de avanzar en la privatización del control aduanero.
Claramente, la cuestión migratoria es hoy el principal obstáculo para el desarrollo turístico, al no permitirse el ingreso libre de visitantes extranjeros.
La comunidad, expectante, considera el tratamiento migratorio un factor esencial para mitigar la crisis. También espera conocer cuál será el mecanismo para facilitar la compra de productos importados por parte de los turistas argentinos y de la población local, cómo se implementarán las metodologías de cobro y qué tipo de controles se aplicarán sobre las franquicias.
Una promesa pendiente
La expectativa también tiene una raíz política reciente. A fines de mayo, durante una conferencia de prensa realizada en Posadas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció su intención de trasladar el puesto de control migratorio de Puerto Iguazú desde el puente Tancredo Neves hacia la zona del aeropuerto. Esto permitiría a miles de turistas extranjeros ingresar por unas horas a la ciudad sin necesidad de realizar el trámite de Migraciones.
“Estamos trabajando la idea de correr el puesto fronterizo para permitir que haya libre circulación de quienes quieran hacer turismo del lado argentino de las Cataratas del Iguazú”, afirmó entonces Bullrich. El objetivo declarado: agilizar el ingreso de visitantes, facilitar el turismo y beneficiar al comercio local, golpeado durante años por la competencia desleal del Duty Free Shop, ubicado antes del control migratorio y aduanero.
La medida, largamente reclamada por cámaras empresariales y asociaciones comerciales de Iguazú, permitiría reducir las demoras que hoy afectan a miles de brasileños y paraguayos que ingresan a la ciudad, y corregiría, además, un histórico desequilibrio económico: el régimen especial del Duty Free le permite operar sin pasar por los controles que sí deben atravesar los turistas que desean comprar o pasear por la ciudad, generando una situación desigual que perjudica al resto del comercio local.
Reclamo de veinte años
El reclamo por trasladar el control migratorio no es nuevo. Lleva más de dos décadas de planteos y frustraciones. Desde 2007, cuando el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú, Evaristo Barroso, inició gestiones formales, pasando por las denuncias judiciales de 2011 (cuyo expediente se perdió misteriosamente), hasta los informes de la Auditoría General de la Nación que señalaron irregularidades en el trato impositivo al Duty Free, el tema ha sido sistemáticamente ignorado por los gobiernos de turno.
Bullrich fue la primera funcionaria nacional de alto rango en volver a poner el tema en agenda. Su anuncio generó entusiasmo, pero también cautela: en Iguazú saben que las promesas políticas deben traducirse en hechos, y que la actual gestión nacional no escapa a la tentación de privilegiar intereses privados. Por eso, el reciente traspaso de tierras genera expectativa, pero también desconfianza. Para Iguazú, cualquier modificación en el esquema fronterizo tiene implicancias inmediatas.
El comercio local depende en gran medida del flujo de turistas brasileños y paraguayos que cruzan por el día. Hoy, muchos de ellos optan por el Duty Free Shop, que les permite evitar los controles, y se van sin siquiera pisar el centro de la ciudad.
