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Sin propuestas de las provincias, Milei designó a los integrantes del Consejo de Mayo

El presidente firmó un decreto que redefine la composición del organismo que debía poner en marcha la elaboración de leyes del Pacto de Mayo

5 junio, 2025

A mediados de julio de 2024, el Gobierno creó el Consejo de Mayo, un órgano que nació con el objetivo promover la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo.

A menos de un año de su oficialización, el presidente Javier Milei firmó el decreto 382/2025 que modifica la integración y el mecanismo de designación de los miembros del consejo. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial y afecta a representantes de los poderes del Estado, provincias, sindicatos y entidades empresariales.

El decreto, refrendado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, responde a la falta de propuestas de consejeros por parte de los sectores que debían integrar el Consejo, a pesar de haber transcurrido más de 300 días desde su creación.

El Consejo de Mayo, previsto como espacio de debate y elaboración de proyectos de ley y actos administrativos para la implementación del Pacto de Mayo, no había podido iniciar sus tareas por la ausencia de designaciones.

En ese sentido, el texto oficial señala: “No se han recibido las propuestas de los Consejeros que lo integrarán en representación de las Provincias firmantes del ‘Pacto de Mayo’ y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del H. Senado de la Nación, de la H. Cámara de Diputados de la Nación, de las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado y de las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden”. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la modalidad de designación para evitar nuevas demoras.

El nuevo artículo 5° del Decreto 617/2024, sustituido por el Decreto 382/2025, establece que el Consejo de Mayo estará integrado por un presidente —el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros— y seis consejeros, designados de la siguiente manera: uno por el Poder Ejecutivo Nacional, uno por las provincias firmantes del Pacto de Mayo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por el Honorable Senado de la Nación, uno por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, uno por las organizaciones sindicales de tercer grado y uno por las entidades gremiales empresarias de tercer orden.

● Consejero por las provincias firmantes del “Pacto de Mayo” y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Alfredo Víctor Cornejo;

● Consejero por el H. Senado de la Nación: Carolina Losada;

● Consejero por la H. Cámara de Diputados de la Nación: Cristian Adrián Ritondo;

● Consejero por las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado: Gerardo Alberto Martínez;

● Consejero por las Entidades Gremiales Empresarias de Tercer Orden: Martín Rappallini.

El decreto también crea la Secretaría Técnica del Consejo de Mayo, cuyo titular será designado por el Poder Ejecutivo Nacional con carácter “ad honorem”. En el mismo acto, se designó a la licenciada María Cecilia Domínguez Diacoluca como secretaria técnica, encargada de la organización y convocatoria de reuniones y de asistir al presidente del Consejo.

El documento justifica la medida en la necesidad de “no dilatar más las tareas encomendadas al ‘Consejo de Mayo’” y de “posibilitar la generación de acuerdos intersectoriales que propendan a la reconstrucción económica y social de la República Argentina”.

El texto agrega: “Se iniciaron instancias de diálogo con integrantes de los diferentes sectores implicados y se resolvió propiciar la designación de los Consejeros faltantes con el fin de poner en funcionamiento el ‘Consejo de Mayo’”.

El decreto aclara que tanto los consejeros como la secretaria técnica ejercerán sus funciones “ad honorem”, por lo que la medida “no implica erogación alguna para el Estado Nacional”.

La decisión se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente por el artículo 99, incisos 1 y 7 de la Constitución Nacional.

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Fuente: Infobae.

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Tags: Consejo de MayoJavier MileiLeyesPacto de MayoProvincias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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