Tras el fallido proceso de licitación realizado a fines del año pasado, el Gobierno nacional vuelve a apostar por la concesión de la Vía Navegable Troncal, arteria clave para el comercio exterior argentino.
Esta vez, con una estrategia distinta: la creación de una “Mesa de Diálogo Interdisciplinaria” que buscará consensuar el pliego y el proceso con todos los sectores involucrados, desde organismos estatales hasta actores del ámbito privado.
La medida quedó oficializada a través de la resolución 18/2025 publicada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en el Boletín Oficial. En sus considerandos, el organismo remarca la “trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional”, y señala como “imperioso” un nuevo llamado a licitación pública nacional e internacional para la selección de un concesionario bajo el régimen de obra pública por peaje.
La Vía Navegable Troncal, que une el kilómetro 1238 del río Paraná en la zona conocida como Confluencia hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio en el Río de la Plata exterior, representa el corredor natural por el que circula más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país. Incluye el canal Emilio Mitre, el Paraná de las Palmas, el Paraná Bravo, Guazú y Talavera, y conecta el sistema fluvial con el Océano Atlántico.
El Gobierno busca concesionar las tareas de dragado, redragado, mantenimiento y señalización de ese extenso corredor, fundamental para mejorar la competitividad del complejo agroexportador argentino. Sin embargo, el primer intento licitatorio, lanzado en noviembre del año pasado, se vio frustrado por una serie de conflictos políticos, técnicos y administrativos que derivaron en su cancelación en febrero de este año.
Entre las causas del fracaso, se mencionan demoras en los plazos, falta de consenso con los principales usuarios de la vía y acusaciones cruzadas entre funcionarios y sectores como la Sociedad Rural Argentina (SRA), a la que se le cuestionó haber presionado para favorecer ciertos intereses. En ese contexto, el Ejecutivo decidió reformular el enfoque. Según la nueva resolución, la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria tendrá como función principal generar los espacios de trabajo necesarios para debatir los temas que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación le encomiende. Se integrará con personal técnico y profesional convocado especialmente para cada proyecto o iniciativa.
El objetivo es claro: garantizar un proceso licitatorio más sólido, validado por los distintos actores públicos y privados, que no vuelva a naufragar por falta de consenso o conflictos institucionales.
“En vista de la importancia que la Vía Navegable Troncal tiene para el desarrollo de las economías regionales de la cuenca respectiva (…) deviene necesaria la creación de una Mesa de Diálogo Interdisciplinaria que propicie la interacción de todos los usuarios de aquella”, sostiene el texto oficial.
La decisión llega en un momento clave, con sectores como las cuatro cadenas del agro -ACSoja, Argentrigo, Asagir y Maizar- reclamando públicamente una pronta definición.
A poco de conocerse la caída de la licitación anterior, esas entidades difundieron un comunicado conjunto en el que advirtieron sobre la necesidad de avanzar en un nuevo proceso que permita profundizar el dragado de la vía y habilite el ingreso de buques de mayor calado. La concesión -al igual que en el intento anterior- será con riesgo 100% privado.
Esto significa que la empresa adjudicataria se hará cargo de las inversiones y del mantenimiento a cambio del cobro de un peaje a los usuarios de la hidrovía. Esta modalidad, que ya había sido implementada en el pasado, vuelve a estar en el centro del debate por su impacto sobre los costos logísticos y la necesidad de transparencia en la gestión En paralelo, y mientras se desarrolla el nuevo proceso licitatorio, el Gobierno avanzó con una medida de desregulación que apunta a reducir los costos operativos en el corto plazo. Se flexibilizó el régimen de tránsito por la cuenca del río Paraná, lo cual -según el discurso oficial- permitirá agilizar operaciones y facilitar la logística de exportación mientras no haya una empresa concesionaria a cargo del corredor. La estrategia actual busca superar el escollo político-administrativo que impidió avanzar en 2024.
En lugar de imponer un esquema desde el Estado, ahora se busca una construcción participativa del proceso. Para ello, la Mesa de Diálogo tendrá que servir no solo como un canal técnico sino también como espacio de acuerdos entre sectores con intereses y visiones distintas: el Estado nacional, las provincias ribereñas, entre ellas Misiones, los gremios del sector, los exportadores, las navieras y los operadores logísticos.
