El Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Resolución 556/2024, prorrogó por ocho años la habilitación de explotación comercial de la Zona Franca de Puerto Iguazú. El nuevo plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2038 y beneficia directamente a la empresa London Supply, presidida por Eduardo “Tedy” Taratuty.
Lo que generó controversia es que Taratuty se encuentra procesado en una causa penal por delitos vinculados a la administración pública.
La decisión se ampara en el artículo 4° del Decreto 1109/1994, que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a renovar concesiones de zonas francas por un período igual al originalmente otorgado. Sin embargo, el marco normativo no está por encima de la ley penal ni del régimen de contrataciones del Estado, que impide prorrogar beneficios a personas jurídicas cuyos titulares estén procesados o condenados por delitos dolosos que perjudiquen a la administración pública.
El empresario tiene un procesamiento firme por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, puntualmente en el posible direccionamiento de la licitación pública de concesión y explotación de Puerto Pañuelo, en el parque nacional Nahuel Huapí, en la provincia de Río Negro. Y si bien su juicio oral aún se encuentra suspendido por una apelación procesal, el dictamen judicial que lo señala como responsable continúa vigente.
Pese a ello, el Estado nacional firmó una extensión contractual que en los hechos modifica las condiciones iniciales del acuerdo. De esta manera, Taratuty, en su carácter de presidente de London Supply, se benefició con una prórroga que -de acuerdo con el Decreto 1023/2001- no debería haber sido habilitada. La Auditoría General de la Nación (AGN) ya solicitó antecedentes al juzgado que lleva la causa penal.
Denuncia desde Iguazú
La intervención de la Auditoría General de la Nación en la causa se origina a raíz de la denuncia efectuada por una empresa de Puerto Iguazú, que advirtió por el posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a quienes firmaron la prórroga.
La firma Comercial San Nicolás envió una carta documento al procurador general de la Nación Eduardo Ezequiel Casal, advirtiendo que la prórroga de la concesión debería ser denunciada. En la misiva sugirió “la imperiosa acción de promover, ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes, la denuncia penal por posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de un funcionario público, por haber propiciado con la resolución atacada en incumplimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública legislado por el Decreto 1023-2001”.
Desde la Auditoría General de la Nación, el prosecretario legal Emiliano Suaya respondió al Comercio de Iguazú que “las presentaciones particulares, como la realizada por Comercial San Nicolás, contribuyen al sistema de control gubernamental en tanto posibilitan a la ciudadanía aportar su conocimiento acerca de actos, hechos u omisiones de los organismos que se encuentran dentro del ámbito de control de la AGN, sean ilegítimos o irregulares y que meriten ser tomados en consideración para las tareas de auditoría que se desarrollan de acuerdo con el mandato constitucional”.
A la vez, agrega que “se ha dado respuesta a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, que ha consultado al respecto en fecha 14 de abril del 2025, y donde entendemos que se encuentra radicada la investigación”.
Un negocio con privilegios
La Zona Franca de Iguazú es un enclave estratégico que opera como un punto de comercio diferencial en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Se supone que su función es promover el comercio, generar empleo y atraer inversión. Sin embargo, múltiples actores locales denuncian que se ha convertido en un negocio cerrado, que opera con ventajas injustas frente al comercio formal de la ciudad.
Uno de los puntos más irritantes para los comerciantes y hoteleros de Puerto Iguazú es el trato preferencial que reciben los visitantes que ingresan a consumir en el restaurante del Duty Free Shop (perteneciente a London Supply). Mientras que cualquier turista brasileño o paraguayo debe soportar colas de hasta dos horas para atravesar el control migratorio y entrar al país -y luego otras dos para salir-, quienes se dirigen al restaurante ubicado dentro del Duty gozan de un ingreso directo, sin hacer migraciones ni enfrentar los controles regulares.
Idéntica situación se da para quienes quieran comprar vinos o chocolates argentinos, terminan optando por vinos y chocolates de otros países al mismo costo pero sin esperas, perjudicando a la industria y el comercio local, según denuncian los comerciantes de Iguazú.
“Es una competencia desleal descarada”, afirman desde el sector turístico local. No solo se privilegia un espacio con concesión estatal, sino que se permite que funcione con una lógica de exclusividad que perjudica al resto de la economía fronteriza. La situación llegó a tal nivel que se presentó una denuncia penal por esta operatoria, que actualmente tramita en el Juzgado Federal de Eldorado.
¿Un modelo a las irregularidades?
La pregunta que muchos se hacen en Iguazú y en la provincia de Misiones es por qué el Estado nacional decide premiar con una prórroga de 8 años a una empresa cuyo titular está procesado por delitos contra la administración pública.
Modificar el plazo de una concesión, como lo hace esta resolución, implica modificar el contrato original. Y según la normativa vigente, una persona con procesamiento penal firme por delitos dolosos (contra la Administración Pública), no puede firmar contratos con el Estado. Sin embargo, se hizo. La firma fue avalada. El contrato fue prorrogado. El beneficio fue garantizado.
Lo más preocupante no es solo la letra chica del expediente administrativo, sino el mensaje político que se transmite. Mientras miles de misioneros padecen controles migratorios tediosos, cierres de comercios por falta de competitividad y recortes presupuestarios por el ajuste nacional, una empresa privilegiada amplía su dominio territorial y comercial sin mayores explicaciones.
