La noche del viernes 12 de mayo de 2000, Víctor Ramón Celestino ya estaba acostado, pero salió a ver qué pasaba cuando golpearon en el frente de su domicilio, que también funcionaba como despensa.
Le pidieron vino y, al darse cuenta de que se trataba de un asalto, forcejeó con uno de ellos, que lo amenazaba con una pistola.
Luego apareció otro delincuente, que llevaba una escopeta, y con ella lo hirió de muerte en el tórax, en el sector intercostal izquierdo.
De inmediato huyeron a bordo de un auto manejado por un tercer maleante. El intento de robo había terminado en fracaso y, peor aún, en homicidio.
Eran las 22:45 aproximadamente y por eso no hubo testigos directos. Sólo su esposa alcanzó a oír el desenlace.
“Cuando asomé la cabeza a la ventana para ver qué pasaba, escuché un disparo. Me levanté y cuando llegué mi esposo ya estaba tirado en el suelo, todo ensangrentado”, contó la viuda, Margarita Jans.
Celestino no murió en el acto. Fue trasladado con vida a bordo de un patrullero al centro asistencial local, donde falleció cuando trataban de auxiliarlo.

El crimen conmovió no sólo a la pequeña localidad misionera de Almafuerte, de alrededor de un millar de habitantes en ese entonces, sino a todo el país, ya que la víctima fatal, Víctor Celestino se desempeñaba nada menos que como concejal.
Tenía 43 años y, además de la función pública y su pequeño negocio, se dedicaba a la producción de tabaco. Lo definían como “un tipo macanudo” y aseguran que todos en el pueblo acudían a él cuando tenían algún problema.
Pese a las sospechas iniciales, no sólo por la función que ejercía el fallecido, sino porque los atacantes no se llevaron nada del lugar del hecho, pronto se difuminó toda hipótesis que pudiera vincularlo a un crimen político: toda la investigación apuntó a un asalto fallido.
Finalmente, el 20 de junio de 2002, los tres jóvenes acusados del crimen de Celestino fueron condenados a prisión.

El Tribunal Oral Penal 2 de Posadas, integrado por Alfredo Escribano (presidente), Roque Martín González y luan Enrique Calvo, sentenció a Virgilio Rafael González, alias “Rafa”, a trece años de prisión como autor penalmente responsable de homicidio con motivo u ocasión de robo; a Sandro Richard Anthony Czabán a doce años de prisión bajo el cargo de partícipe necesario de homicidio con motivo u ocasión de robo; y a Luis Enrique Olivera, alias “Marote” a diez años de prisión por el mismo delito.








