Mientras el mercado inmobiliario intenta adaptarse a un escenario de menor regulación, referentes del sector en Misiones señalaron que la mayoría de los contratos firmados bajo la ley 27.551 y su modificatoria 27.737 ya fueron renegociados o directamente rescindidos.
Así lo expresaron en diálogo con PRIMERA EDICIÓN operadores inmobiliarios, quienes coincidieron en que tanto propietarios como inquilinos buscaron esquivar las limitaciones impuestas por la normativa derogada y actualizar los términos contractuales bajo el nuevo sistema.
Un referente del rubro indicó que en su inmobiliaria ya no quedan contratos bajo la vieja ley. “Los que tenía, muchos se negociaron con los propietarios y se dieron de baja. Otros inquilinos desistieron, dejaron el inmueble y pagaron la multa. Personalmente, y por lo que escuché de colegas, casi todos están en la misma situación”, afirmó.
En ese sentido, explicó que la presión inflacionaria y las cláusulas restrictivas de actualización de la ley anterior terminaron por hacerla insostenible para la mayoría de los propietarios. “Esa ley no permitía ajustar durante un año, después se modificó para hacerlo cada seis meses, pero igual fue insostenible. Pocos la pudieron sostener”, señaló.
Versiones diferentes
Otro importante referente remarcó que, desde el punto de vista jurídico, los contratos firmados bajo el régimen anterior deben respetarse hasta su vencimiento.
“No se pueden cambiar. Jurídicamente no se debe modificar lo que fue suscripto mientras esa ley estaba vigente. Las inmobiliarias no lo pueden hacer, ni deberían hacerlo, y tampoco los particulares. La normativa es para todos, no para algunos nada más”, explicó.
También destacó que, pese a la entrada en vigencia del nuevo esquema legal impulsado por el DNU 70/2023, muchos contratos firmados antes de esa fecha siguen activos. “Hay contratos que se siguen actualizando con los índices anteriores. Lo que corresponde es que se mantengan hasta el final”, agregó.
Tercera opinión
Un tercer referente del sector reconoció que hay contratos firmados bajo la ley 27.551 o su modificatoria, la 27.737, que siguen vigentes, aunque son pocos. “Hasta diciembre de 2023 estuvo vigente esa normativa. Recién con el DNU se derogaron las dos leyes. Todos los contratos empiezan en distintas fechas, así que algunos siguen corriendo y podrían terminar recién en 2026”, apuntó.
Ese mismo profesional mencionó que en el caso de locales comerciales en el microcentro hubo cierta resistencia a renegociar, pero que en general también se modificaron las condiciones.
“La mayoría pidió renegociación. En algunos casos hubo reuniones con rispideces, porque los índices como Casa Propia quedaron muy por debajo del movimiento real de la economía. En otros casos, los inquilinos simplemente no hablaron más del tema y siguieron pagando. Pero son los menos”, sentenció.
Qué establecía la ley
La Ley 27.551, sancionada en junio de 2020, fijaba una duración mínima de tres años para los contratos de alquiler, y establecía actualizaciones anuales mediante un índice oficial que combinaba inflación y evolución salarial (el Índice de Contratos de Locación del BCRA).
En 2023 fue modificada por la Ley 27.737, que redujo la actualización a cada seis meses y aplicó el Índice Casa Propia.
Ambas normas fueron derogadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que quedó firme en diciembre. Desde entonces, los contratos se pactan libremente entre las partes.
