Tras obtener dictamen esta semana, el proyecto de ley nacional para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027, que busca actualizar las prestaciones en base al índice de inflación y otorgar mayor presupuesto para cubrir los tratamientos para las personas con discapacidad, será tratado en sesión de la Cámara de Diputados el 14 de este mes.
“Este proyecto es impulsado por el diputado Daniel Arroyo y trata de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a la salud, educación, trabajo y protección social. Contempla varios puntos, uno de ellos es el aumento de la asignación por hijo con discapacidad que hoy ronda los 400.000 pesos y esto no alcanza para llevar adelante los diferentes tipos de terapia, solventar gastos de vivienda, educación y todo lo que implica la vida de una persona con discapacidad”, indicó en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones la especialista en discapacidad, Soledad Varela.
Necesidad de actualizar los aranceles
En tanto, destacó que el proyecto de ley busca modificar el impedimento vigente que establece que las personas que reciben una pensión no contributiva por invalidez laboral no pueden trabajar en blanco. “Una pensión no contributiva ronda los 200.000 pesos, por lo que es imposible para cualquier persona subsistir con ese monto y mucho más para una con discapacidad que tiene que afrontar mayores gastos en cuestiones que tienen que ver con su calidad de vida y su salud”, destacó.
En este contexto, recordó que los convenios internacionales firmados por el país establecen que el Estado debe velar por las personas con discapacidad, por el acceso a la salud y educación de las mismas, “y eso no está ocurriendo”.
Varela advirtió además la necesidad de actualizar los aranceles que se pagan a los prestadores de salud conformes a la inflación y que los pagos se realicen en tiempo y forma “hoy los prestadores de servicios de salud para la población con discapacidad cobran con un mínimo de tres meses de atraso, luego de presentar un montón de documentaciones y cumplir con muchos trámites… y en algunos casos, sencillamente no les autorizan las prestaciones (ya realizadas) lo que termina derivando que el paciente pierda la prestación o tiene que salir a buscar otro profesional que lo atienda. Cuando un tratamiento se interrumpe va en detrimento de la calidad de vida de los pacientes, lo cual no es menor, porque en el medio de las decisiones mal tomadas quedamos las personas con discapacidad”.
“No pedimos lujos, sino prestaciones básicas”
Varela lamentó el comunicado emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la marcha del 30 de abril en reclamo “dijo que los que estuvieron de acuerdo con declarar la emergencia en discapacidad son los que están en contra de su política… si llevamos esto a una cuestión política es porque no entendimos nada como sociedad. Creo que avanzaremos en temas de discapacidad e inclusión de personas con discapacidades y neuro-divergentes cuando entendamos que no es una cuestión política sino de derechos”, argumentó.
En este contexto, la referente aseveró que “no estamos pidiendo lujos, sino prestaciones básicas que nos garanticen una mejor calidad de vida. La mayoría de las personas con discapacidad viven en situaciones de vulnerabilidad, no tiene posibilidades de trabajar porque faltan espacios tanto en empresas públicas como privadas para las personas con discapacidad”.
