En medio del plan de recorte del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei, la lupa del Gobierno nacional se posó sobre un sector sumamente sensible: las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. Estas prestaciones, históricamente destinadas a personas con discapacidad o situaciones de vulnerabilidad social, están siendo auditadas en todo el país, bajo la premisa de detectar “irregularidades”. Pero detrás de esa narrativa de eficiencia fiscal, se abre una grieta profunda en el entramado social de provincias como Misiones.
Con alrededor de 82.000 pensiones no contributivas activas, Misiones se ubica en el cuarto lugar del ranking nacional en cantidad de beneficiarios por habitante, con 5,7 pensiones cada mil habitantes, por encima del promedio nacional. Los datos se desprenden de un relevamiento actualizado a marzo de 2025, que muestra cómo las provincias del norte argentino -históricamente relegadas en términos de desarrollo y empleo formal- concentran la mayor cantidad de beneficiarios.
El Gobierno publicó el Boletín Estadístico de la Seguridad Social con datos con un ranking por provincia, que es encabezado por Santiago del Estero, con 7,1 pensiones cada 1.000 habitantes, seguido de Chaco (6,7), Formosa (6,2) y recién después Misiones.
En el extremo opuesto se ubican la Ciudad de Buenos Aires (1,4), Tierra del Fuego (1,9) y Santa Cruz (2,1), reflejando una clara desigualdad estructural entre regiones que cuentan con economías más robustas y aquellas donde la asistencia estatal es indispensable para garantizar niveles de subsistencia.
En ese contexto, la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar con una auditoría de más de un millón de pensiones por invalidez ha encendido las alarmas. Según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el año pasado se revisaron 22.417 casos, de los cuales solo el 20% cumplía con los criterios exigidos. A partir de esos resultados, el Gobierno de Milei decidió multiplicar el proceso de revisión, y en marzo comenzó a citar a más de 300.000 beneficiarios para que vuelvan a certificar su situación, con la amenaza concreta de suspensión o baja del beneficio si no cumplen con los requisitos.
Las revisiones incluyen análisis médicos, verificación de ingresos, cruces con bases de datos de empleo y hasta visitas domiciliarias. Pero lo que se presenta como una depuración administrativa, en la práctica ha sido denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos y discapacidad como un recorte encubierto, que afecta principalmente a personas que no cuentan con redes familiares o recursos para defenderse ante decisiones arbitrarias.
En Misiones, la preocupación es doble. Por un lado, el volumen de beneficiarios que podrían verse afectados es muy alto. Por otro, el impacto de la pérdida de una PNC en contextos donde la informalidad laboral supera el 40% y los ingresos promedios están por debajo de la media nacional, podría ser devastador. “Se trata de uno de los pocos ingresos estables que tienen muchas familias en zonas rurales o periferias urbanas. Quitarlo sin un reemplazo es condenarlas a la indigencia”, alertó un funcionario provincial que pidió reserva.
Además del ajuste a las pensiones, el Gobierno nacional avanzó en la eliminación de fondos discrecionales a las provincias, el recorte de subsidios al transporte y la obra pública, medidas que profundizaron la recesión y limitaron la capacidad de respuesta de los estados subnacionales. En ese marco, los gobiernos provinciales -incluido el de Misiones- quedaron prácticamente sin margen para absorber con fondos propios lo que la Nación redujo.
La indignación también se amplificó por el modo en que se comunica la auditoría. Desde la Casa Rosada se utilizan frases como “vamos a cortar la planera” o “terminamos con el curro de las pensiones falsas”, que estigmatizan a un universo muy amplio y heterogéneo de personas que accedieron a sus pensiones a través de canales legales. La confusión se profundiza porque muchos beneficiarios no han sido notificados formalmente y solo se enteran de la citación cuando ya tienen el beneficio suspendido.
Especialistas en políticas sociales señalan que, si bien es razonable auditar programas sensibles, los procedimientos deben estar guiados por el principio de debida diligencia y no por el prejuicio. “No se puede hacer justicia social a machetazos. El daño que se provoca al quitarle a alguien una pensión de 200.000 pesos sin ninguna contención ni criterio claro es inmenso”, indicó la periodista especializada Verónica González Bonet.
Por su parte, referentes de organizaciones sociales en Misiones advirtieron que la provincia podría enfrentar un aumento significativo en los niveles de indigencia si las bajas de pensiones continúan al ritmo actual. “Ya vimos esto antes: recortan a los que menos tienen mientras se refugian en un relato anticasta que no toca ni a los grandes grupos económicos ni a los evasores”, lamentó un dirigente del ámbito de la discapacidad.
La motosierra del ajuste llegó, y no hay dudas de que está haciendo ruido. Pero el ruido más ensordecedor no es el de la austeridad, sino el del silencio de miles de personas que, en las provincias del norte, esperan una citación, un certificado, una respuesta. O simplemente que no les quiten lo poco que tienen.
