Un 1° de mayo, una fecha que conmemora y destaca a los trabajadores, puede ser también una oportunidad para reflexionar sobre el estado del empleo en la Argentina. Hoy, el mercado laboral se encuentra en una etapa crítica debido a tres factores conocidos, pero acentuados.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) publicó un informe que traza una radiografía detallada del mercado laboral urbano en base a los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El diagnóstico es contundente: la estructura laboral argentina está marcada por una alta inactividad, una baja proporción de empleos de calidad y una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios. Estos tres fenómenos no son nuevos, pero se han profundizado en los últimos años y ponen en cuestión la capacidad del sistema actual para generar empleo productivo e inclusivo.
1. Alta inactividad: millones de personas en edad laboral no trabajan
Uno de los datos más preocupantes del estudio es la elevada proporción de personas en edad de trabajar que no participan del mercado laboral. De los 18 millones de argentinos urbanos en edad de trabajar (hombres entre 15 y 64 años, y mujeres entre 15 y 59), 5 millones están inactivos, es decir, no tienen empleo ni lo están buscando activamente. Esto representa el 27% de la población en edad activa.
La cifra implica que 1 de cada 3 personas en edad laboral no trabaja, ya sea por estudiar, por desaliento ante las escasas oportunidades, o por otras responsabilidades que no se reconocen como empleo, como las tareas de cuidado. Este nivel de inactividad implica una pérdida considerable de capital humano y limita la capacidad del país de expandir su base productiva.
2. Empleo de baja calidad: la informalidad domina el mercado laboral
De las 13 millones de personas activas, solo 4 millones -el 21% de la población en edad de trabajar- acceden a un empleo considerado de calidad, es decir, trabajos registrados en el sector privado o cuentapropistas profesionales. En contraste, 6,2 millones de personas están ocupadas en condiciones laborales precarias: informalidad, empleo no profesional, monotributo social o trabajo en cooperativas.
Esto significa que solo 1 de cada 5 personas en edad de trabajar tiene un empleo formal de calidad. El resto enfrenta formas más frágiles de inserción laboral, con baja protección social, ingresos irregulares y sin posibilidades reales de estabilidad o crecimiento profesional.
La estructura ocupacional actual refleja una economía con baja productividad, donde la formalización del empleo se ha vuelto una excepción y no la norma. Esto genera un círculo vicioso: trabajos de baja calidad perpetúan la desigualdad, reducen el aporte tributario y limitan la cobertura de la seguridad social.
3. Deterioro de los salarios: caída del poder adquisitivo y mayor desigualdad
El tercer gran desafío tiene que ver con los ingresos. La caída sostenida del salario real afecta tanto a trabajadores formales como informales. Entre enero de 2019 y enero de 2025, el salario real del empleo registrado en el sector privado cayó un 9%, y el de los trabajadores informales se desplomó más de un 25%, según datos de Idesa basados en el INDEC.
La pérdida de poder adquisitivo se produce en un contexto de inflación elevada, recesión y deterioro del consumo. Además, la brecha entre los diferentes tipos de empleo es notable: por cada 10 pesos generados en el empleo formal, el informal produce apenas 5. Esto refleja una profunda desigualdad salarial, que limita las posibilidades de progreso incluso para quienes logran insertarse en el mercado.
El informe también destaca que los trabajadores cuentapropistas con formación profesional se encuentran en la cima de la escala salarial, lo que confirma que la educación superior sigue siendo un factor clave para acceder a mejores ingresos, aunque con retornos cada vez más desparejos.
Una crisis estructural
Los tres desafíos —inactividad, precarización y salarios bajos— tienen raíces comunes en la falta de empleos productivos. Según Idesa, esta situación se explica en buena parte por reglas laborales que desincentivan la contratación genuina. Altas cargas sociales, convenios colectivos rígidos y una estructura legal diseñada para grandes empresas pero aplicada de forma homogénea, afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que son las principales generadoras de empleo.
A esto se suma la crisis del sistema educativo, que golpea la empleabilidad. Los bajos resultados en términos de calidad y equidad educativa limitan la formación de capital humano, y se ven agravados por una estructura institucional que muchas veces prioriza intereses sindicales por encima del mérito y la innovación pedagógica.
La falta de empleos productivos no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de políticas fallidas y degradación institucional. El informe de Idesa concluye que, sin una reforma integral del sistema laboral y educativo, será imposible revertir esta dinámica y construir un mercado de trabajo que permita generar desarrollo social con equidad.
Fuente: Infobae.
