La transformación del sistema judicial federal avanza en Argentina con la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal. En ese marco, ayer se realizó una capacitación sobre el Sistema Acusatorio, modelo que busca modernizar y agilizar los procesos penales, en la sede del Juzgado Federal de Posadas. Andrés Basso, presidente de la Asociación de Funcionarios y Magistrados de la Justicia Federal, llegó a la capital misionera como parte de este proceso de formación y diálogo.
Basso, quien asumió su cargo en diciembre de 2023, sostiene una premisa clara: fortalecer la justicia en tiempos donde su independencia y eficacia están bajo constante escrutinio. En su paso por Misiones, no solo abordó cuestiones técnicas vinculadas al nuevo código, sino también problemáticas estructurales como la lentitud judicial, las diferencias entre jurisdicciones del interior y la Capital Federal, y las tensiones institucionales derivadas de la política.
En una entrevista con PRIMERA EDICIÓN, el magistrado habló sobre las reformas necesarias, defendió la actuación del Poder Judicial en causas de alto perfil y planteó su visión sobre debates sensibles como el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando asumió en 2023, planteó la necesidad de una justicia más fuerte. ¿Cómo ha avanzado en ese objetivo?
Desde que asumí, sabíamos que era una tarea ardua en el contexto argentino. Sin embargo, estamos satisfechos con el camino recorrido hasta ahora. Hemos logrado establecer un diálogo institucional fluido con el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Justicia, algo fundamental para cualquier avance. Por supuesto, no siempre coincidimos en las posturas, y eso es natural en un sistema republicano sano. Lo importante es que ese diálogo se da con respeto, sin comprometer la independencia del Poder Judicial, que es la piedra angular de nuestra democracia.
Siempre insisto en que el juez debe ser independiente, no solo del poder político, sino también de cualquier otra forma de poder que exista en la sociedad. Para eso, las garantías constitucionales son esenciales. Lamentablemente, muchas veces se las presenta como privilegios, cuando en realidad son herramientas diseñadas para proteger la función judicial y asegurar que podamos controlar, de manera efectiva, a los otros poderes del Estado. Me refiero a la garantía de la inamovilidad en el cargo y la intangibilidad de las remuneraciones. Estas garantías son fundamentales para que justamente el Poder Judicial pueda ser independiente y pueda desempeñar su función de controlar a los poderes políticos.
Misiones tiene una realidad muy distinta a la de otras jurisdicciones. ¿Cómo se trabaja desde la Asociación para visibilizar estas diferencias?
Misiones, con su 90% de frontera, enfrenta delitos transnacionales que no tienen la misma magnitud en otras jurisdicciones. Desde la Asociación, y especialmente en el marco del Comité de Implementación Progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal, planteamos constantemente estas particularidades ante las autoridades nacionales. No es lo mismo una jurisdicción como aquí en Misiones, que tiene muchísimos lugares de frontera con lo que puede ocurrir en una jurisdicción federal donde no hay límites con otros países. Este proceso comenzó en Salta-Jujuy, justamente por tener problemáticas similares a las de esta provincia. Luego avanzó en otras regiones y ahora llegará a la Capital Federal. Cada jurisdicción requiere recursos, estructuras y enfoques adaptados a su realidad.
¿Cuáles son las reformas más urgentes que necesita el sistema judicial argentino? ¿Existe voluntad política para impulsarlas?
La lentitud judicial es, sin duda, el problema más visible y el que más afecta la confianza de la ciudadanía. Escuchar al ciudadano de a pie es clave, porque la justicia no puede ser un fin en sí mismo, sino un servicio. Por eso, desde la Asociación apoyamos todas las iniciativas que busquen agilizar los procesos.
El nuevo Código Procesal Penal es un paso importante porque establece plazos más estrictos para los procesos penales, evitando que las causas se dilaten indefinidamente. Pero no podemos quedarnos solo en lo penal.
También es urgente avanzar en la reforma de los procesos civiles, comerciales y laborales. La propuesta de instaurar la oralidad plena en los juicios civiles va en esa dirección. Si logramos implementar estas reformas, podríamos reducir considerablemente los tiempos judiciales y brindar respuestas más rápidas y eficaces.
Obviamente que hay un montón de cuestiones a mejorar, legislación de fondo, de forma, pero creo que lo principal es tratar de agilizar los tiempos judiciales.
La designación de jueces en la Corte Suprema generó un fuerte debate institucional. ¿Qué postura adoptó la Asociación?
Nuestra intervención fue puntual y clara: destacamos la necesidad de respetar la paridad de género en la cobertura de vacantes en el máximo tribunal, tal como lo exigen los compromisos constitucionales y los tratados internacionales que rigen en nuestro país. Más allá de eso, entendimos que debía funcionar el mecanismo institucional previsto por la Constitución.
El Ejecutivo propuso dos nombres, el Senado debatió y finalmente no otorgó el acuerdo. Ese es el funcionamiento normal de una república. Que haya demoras o desacuerdos es parte del proceso, especialmente cuando se requieren mayorías agravadas.
Estas mayorías no son un capricho, sino una forma de garantizar consensos amplios para cargos tan sensibles. A veces se logran esos consensos, y otras veces no, como ocurrió en este caso. Pero lo importante es que las instituciones actuaron conforme a derecho.
Participó del tribunal que condenó a Cristina Fernández. ¿Cómo evalúa ese proceso?
Fue un proceso de gran repercusión mediática e institucional, pero desde nuestro rol de jueces lo encaramos con la misma seriedad que cualquier otra causa. Lo fundamental es que se respetaron todas las garantías del debido proceso, con un juicio oral, público y transparente. La sentencia siguió su curso en las instancias recursivas y ahora está en manos de la Corte Suprema.
Somos conscientes de la trascendencia de ese caso, tanto por los hechos juzgados como por las figuras involucradas.
Pero el mensaje que debemos dar es que el Poder Judicial actúa con independencia. Lo importante es que funcionaron las instituciones y, en este caso, el Poder Judicial pudo llevar adelante la investigación y el juicio. Mi jurisdicción, de alguna manera, ya terminó con el dictado de la sentencia y ahora está en la instancia recursiva.
¿Cuál es su visión sobre el debate del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires?
Esta discusión responde únicamente a intereses políticos que no dejan de ser legítimos por ser políticos. Pero tenemos que saber encuadrarlo. Desde el punto de vista constitucional y normativo no es viable el traspaso porque la Constitución Nacional, y eso quedó claro con la reforma constitucional del año 94, no considera a la Ciudad de Buenos Aires como una provincia. No la equipara en ninguna de sus cláusulas constitucionales. Sí le da un estatus especial como un estatus de gobierno autónomo. Pero no le equipara con una provincia.
Todo proyecto en sentido contrario requiere una reforma constitucional, algo que desde la Asociación venimos sosteniendo desde hace más de dos décadas. Las discusiones políticas son legítimas, pero no pueden ignorar los límites que impone la Constitución. Por eso, nuestra postura es clara y técnica: sin reforma, el traspaso es inviable.
