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Acusan al Concejo de Oberá de crear cargos “a mansalva” en año electoral

La edil Adriana Kosnicki denunció contrataciones irregulares y reclamó un informe completo sobre la estructura de personal.

28 abril, 2025
SOLICITUDES. La edil del PRO ya había solicitado informes y elevado reclamos al Ejecutivo local.

SOLICITUDES. La edil del PRO ya había solicitado informes y elevado reclamos al Ejecutivo local.

La concejal obereña, Adriana Kosnicki (PRO), presentó un pedido de informe dirigido al director de Recursos Humanos, Ramón Stupinski, solicitando detalles sobre la estructura del personal municipal. La iniciativa surge en un contexto de cuestionamientos sobre nuevas contrataciones en el Concejo, que, según la edil, no se condicen con las limitaciones presupuestarias ni con las necesidades reales del organismo.

En la misma, solicita una nómina completa de los empleados municipales, especificando nombres, apellidos, funciones, tipo de contratación (planta permanente, contratados u otras modalidades) y su distribución en las distintas secretarías, direcciones, departamentos y áreas del municipio. 

Entre las áreas mencionadas se incluyen la Secretaría de Coordinación, con direcciones como Desarrollo Económico, Modernización, Turismo, Tránsito y Recursos Humanos; la Secretaría de Finanzas, Infraestructura y Servicios Públicos, que abarca Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Contabilidad; y la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social, con direcciones como Deportes, Inclusión y Acción Social, entre otras. También solicitó información sobre la Dirección de Tierras y Hábitat, Dirección de Gobierno y Dirección de Asuntos Jurídicos.

La concejal fundamentó su solicitud en la necesidad de “conocer en profundidad la conformación actual del personal municipal” para realizar un “adecuado análisis, seguimiento y control de la gestión pública”. Sin embargo, los motivos detrás del pedido también están ligados a recientes decisiones del Concejo Deliberante que han generado controversia.

Kosnicki señaló irregularidades en la creación de cargos que, según afirmó, no están contemplados en el reglamento del Concejo. “El Concejo Deliberante cuenta con ocho secretarios auxiliares que no figuran en el reglamento, o sea, son cargos que no existen”, expresó la edil. Estos puestos, según sus declaraciones, representan “un gasto enorme a los obereños en sueldos y aportes”, afirmó.

 

Contrataciones

Asimismo, la edil cuestionó la contratación de un jefe de prensa este año, considerando que el área de protocolo y prensa ya cuenta con cuatro personas para atender a nueve concejales. “Para nueve concejales que ni siquiera sacamos fotos en comisiones ni reuniones”, remarcó Kosnicki, poniendo en duda la necesidad de este cargo.

Otro punto de controversia es la propuesta de incorporar un asesor legal al Concejo. Kosnicki destacó que esta contratación resulta innecesaria, dado que cada bloque de concejales cuenta con su propio asesor legal, dos concejales son abogados y la secretaria del Concejo también lo es. “Tenemos una cantidad de asesores legales más que suficientes como para hacer una contratación más”, afirmó.

La edil vinculó estas decisiones a un contexto económico adverso y a la cercanía de un período electoral. “Cuál es la idea en este contexto económico de seguir generando más puestos. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo enorme para poder subsistir y mantenerse, y en el Concejo Deliberante se dan cargos a mansalva”, manifestó Kosnicki.

Además, señaló que estas contrataciones “dejan en evidencia que son puestos políticos, dados en plena época de campaña”.

En la votación para aprobar el cargo de asesor legal, Kosnicki expresó su oposición. “Mi voto fue negativo. No apoyo agrandar el Estado, ni hacer demagogia en época electoral desde el Concejo”, aseguró.

 

Sin presupuesto

El pedido de informe también responde a declaraciones del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullon, quien, según Kosnicki, había indicado que no había presupuesto para contrataciones este año. 

“Hoy hemos presentado un pedido de informe en base a lo que me dijo el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullon, de que no había presupuesto para contrataciones este año, y ya vamos por la segunda o tercera contratación en lo que va del año”, explicó la concejal.

La solicitud de Kosnicki busca esclarecer la situación del personal municipal y las decisiones de contratación en el Concejo Deliberante, en un momento en que la gestión de los recursos públicos está bajo escrutinio. 

La respuesta del director de Recursos Humanos, Ramón Stupinski, será clave para determinar si las contrataciones cuestionadas cumplen con los marcos normativos y las necesidades reales del municipio.

La información obtenida a través del informe solicitado permitirá a los concejales y a la ciudadanía contar con datos precisos sobre la estructura del personal municipal, un aspecto fundamental para evaluar la transparencia y eficiencia en la gestión pública de Oberá.

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Tags: Concejo Deliberante de OberáContratacionesIrregularidadespedido de informe
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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