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Nueva normativa para sanear el sistema eléctrico: el Gobierno lanza plan de regularización de deudas

El nuevo plan otorga beneficios a quienes estén al día, exige inversiones en infraestructura y busca consolidar un sistema energético más sustentable y menos dependiente del Estado.

23 abril, 2025

El Gobierno aprobó la puesta en marcha de un plan de regularización de deudas para que distribuidoras eléctricas cancelen sus compromisos con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

El proceso de saneamiento de deudas del sector eléctrico se implementa mediante la Disposición 1/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con el objetivo de que distribuidoras y cooperativas eléctricas salden sus obligaciones pendientes con CAMMESA al 30 de noviembre de 2024.

El plan contiene como condiciones hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas con la tasa del 50% del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y establece un plazo de 60 días corridos para adherir y suscribir acuerdos en este marco.

Además, desde el Ejecutivo precisaron que “exige responsabilidad bajo reglas estrictas: las empresas deberán pagar la deuda corriente sin atrasos y la obligación de presentar planes de inversión en infraestructura para mejorar el servicio”, advirtiendo que “quienes incumplan perderán el beneficio automáticamente y enfrentarán sanciones”.

Asimismo, indicaron que “como contrapartida, las empresas que hayan regularizado sus pagos en 2024 y no tengan deudas anteriores a diciembre de 2023 accederán a créditos en sus facturas, promoviendo una cultura de cumplimiento”.

En este contexto, destacaron que “los resultados del proceso de normalización del sistema eléctrico ya son evidentes”, precisando que “al asumir, la cobrabilidad de CAMMESA era del 48%, y el Tesoro cubría el déficit con emisión que alimentaba la inflación”.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que “hoy, con tarifas realistas, subsidios focalizados y desregulación progresiva del mercado, alcanzamos un 97% de cobrabilidad” y destacó que “este plan consolida ese camino: que las empresas paguen lo que consumen, accedan a financiamiento privado y dejen de depender del Estado”.

Continuando en la misma línea, remarcó que “esta medida marca el fin de un esquema donde la morosidad crónica se cubría con emisión inflacionaria, perjudicando a todos los argentinos”.

En la normativa, se dispuso que las distribuidoras de energía eléctrica agentes del MEM que estén interesadas en adherir al nuevo plan, deberán comunicarlo a CAMMESA “en el plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la publicación de la presente medida, a los efectos de encuadrar sus respectivas peticiones, según corresponda”.

Al argumentar la medida, el Ejecutivo hizo hincapié en la necesidad de “fortalecer la cobrabilidad y otorgar certidumbre a los acreedores del MEM”, entendiéndolo “como parte de la implementación de políticas de fondo, entendiendo el mismo como una herramienta para lograr un funcionamiento autónomo, competitivo y sustentable del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que permita la libre contratación entre la oferta y demanda”.

Además, consideró que es “la única alternativa adecuada a fin de que las distribuidoras de energía eléctrica puedan proteger su flujo corriente y garantizar un suministro confiable y eficiente, y les permita, eventualmente, invertir en infraestructura moderna y realizar análisis de costos para optimizar la operación”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #economíaArgentinaCAMMESADeudasDistribuidoras EléctricasRegularización
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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