El Gobierno nacional aprobó el Plan 90/10, una estrategia que apunta a reducir los homicidios en las zonas más violentas del país.
El programa, oficializado este jueves mediante la Resolución 448/2025 en el Boletín Oficial y firmado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, parte de una estadística clave: el 90% de los homicidios intencionales ocurre en solo el 10% de los municipios argentinos.
El objetivo es claro: intervenir de manera urgente y coordinada en los territorios más golpeados por el crimen organizado y la violencia armada.
Las primeras jurisdicciones donde se implementará el plan son: Rosario, Santa Fe capital, San Miguel de Tucumán, Esteban Echeverría, General Pueyrredón (Mar del Plata), Godoy Cruz, Las Heras (Mendoza) y la ciudad de Córdoba.
- Desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal.
- Recuperar el control estatal en zonas de alta conflictividad, donde hoy predomina la presencia de grupos armados.
- Fortalecer a las fuerzas policiales y al sistema judicial para mejorar la tasa de esclarecimiento y sanción de homicidios.
- Reducir la circulación ilegal de armas de fuego.
- Desarrollar políticas de prevención y mejorar la relación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.
Aunque la tasa general de homicidios en Argentina es más baja que en otros países de América Latina, el Gobierno reconoce que persisten focos críticos en áreas urbanas con alta vulnerabilidad social, donde el narcotráfico y la marginalidad crean el caldo de cultivo para el avance del crimen.
“El fenómeno de los homicidios tiene una distribución desigual y suele estar asociado a otras formas de violencia, como la violencia intrafamiliar y juvenil”, advierte el texto oficial. Estas situaciones alimentan un círculo vicioso de violencia que, según el Ejecutivo, solo puede romperse con políticas integrales y sostenidas.
El Plan 90/10 se presenta así como una política basada en evidencia, que combina prevención, control del delito e inclusión social, con apoyo de datos surgidos de informes provinciales y demandas concretas de los gobernadores.
anexo_7347749_1Fuente: Aire de Santa Fe.
