Con una resolución que promete generar un fuerte sismo en el mundo yerbatero, el Gobierno nacional derogó la normativa que limitaba la plantación de yerba mate a un máximo de cinco hectáreas nuevas por productor al año. Se trata de la Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que tenía como objetivo evitar el sobreestock, proteger la sustentabilidad del cultivo y, sobre todo, equilibrar las fuerzas entre pequeños productores e industrias.
Ahora, con la Resolución 452/2025 del Ministerio de Economía —firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este 14 de abril— el mercado queda completamente desregulado: las grandes empresas podrán avanzar con plantaciones masivas sin ningún tipo de restricción. Lo que para algunos representa una “liberación del mercado”, para la mayoría de los productores del interior misionero significa una amenaza directa a su subsistencia.
El INYM, sin dientes
La Resolución 170 había sido confirmada en su momento por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de la Resolución 152/2021. Ambas normas conformaban el marco legal que le permitía al INYM ordenar el crecimiento de la producción, limitar desequilibrios y contener el poder concentrado de los grandes actores del sector.
Aquel límite de cinco hectáreas anuales por productor no surgió de un capricho burocrático, sino de años de lucha y consenso dentro del Directorio del Instituto, compuesto por representantes de todos los eslabones de la cadena yerbatera. La intención era evitar los ciclos nocivos de sobreproducción, caída de precios y abandono de chacras, que históricamente han afectado con más dureza a los pequeños y medianos productores.
Sin embargo, en línea con el espíritu desregulador del DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional avanza ahora sobre un sector clave de la economía regional sin medir el impacto social y ambiental que esto puede tener en Misiones y Corrientes. A principios de año, el INYM —ya intervenido por Nación— había dispuesto archivar los sumarios iniciados por controles a plantaciones fuera de regla y había suspendido todo tipo de registro o fiscalización.
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