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Solicitaron cinco años de prisión para acusado de traficar cocaína

El imputado, Matías Medina, se encuentra detenido desde 2023, bajo sospecha de arrojar la droga camino a una oficina donde se realizan las requisas y tras simular que tropezó.

12 abril, 2025

El sábado 7 de octubre de 2023 a las 17.30 el albañil Matías Gabriel Medina se desplazó primero en motocicleta y luego caminando los casi diez metros que dividen el carril 6 de control vehicular, en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, hasta un sector llamado Dársena secundaria. Según Migraciones, 26 veces fue y vino de Paraguay el imputado, apenas tres meses antes de ser detenido. Siempre por corto tiempo.

Momentos antes, se negó a mostrarle a una agente aduanera lo que supuestamente llevaba bajo la remera. La mujer dijo que detectó un bulto en la zona abdominal del individuo, que intentaba ingresar al país proveniente de Paraguay en una moto Keller y junto a un acompañante.

Segundos después, el imputado también se mostró reacio a un segundo control al que fue derivado. Fue así, que tras solicitar que lo requisen en un lugar privado, ingresó escoltado por otro aduanero a una zona donde funciona el “scanner valijero”, tropezando supuestamente en ese lugar. A partir de allí, el hallazgo de más de medio kilogramo de cocaína en el punto exacto donde el hombre casi se cayó en forma presuntamente accidental, hizo que surgieran dos hipótesis. La primera y la que sostiene la acusación y por la cual Medina está detenido desde ese día y ahora es juzgado en el Tribunal Oral Federal de Posadas, es que la droga le pertenecía y que la descartó o arrojó camino a la oficina donde luego lo requisaron y no le encontraron nada.

Por otra parte, su defensa argumentó que no está probado que dicha sustancia ilegal fue transportada y mucho menos arrojada por el encartado, a quien al momento de revisarlo no le hallaron nada ilegal en su poder.

Ayer y durante los alegatos de las partes, el fiscal Federal Pablo Di Loreto solicitó al Tribunal la pena de cinco años y seis meses de prisión para Medina por el delito de “contrabando de importación de estupefacientes agravado y en grado de tentativa”. La defensa en tanto, pidió que el imputado sea “sobreseído por el beneficio de la duda”.

Durante el cierre de la etapa testimonial, se escuchó la declaración de los cuatro agentes aduaneros que intervinieron en la causa. Con buen criterio, el Tribunal los hizo pasar en orden cronológico a los hechos. En primer turno, la funcionaria Laura Guastavino, quien detectó algo irregular en la zona abdominal del conductor de la motocicleta y por ello lo derivó a un segundo control. La mujer aseguró que el imputado se mostró rebelde y le contestó levantando la voz.

Luego y por vía zoom, se escuchó al segundo aduanero en intervenir, Gerardo Gómez, quien escoltó al acusado desde la zona de control donde estaba la anterior agente hasta la Dársena secundaria, a unos diez metros de ese lugar. En el trayecto, el encartado volvió a negarse a la requisa. Su acompañante y en forma espontánea levantó su remera y mostró que no llevaba nada.

Al llegar a un lugar donde funciona el “scanner valijero”, Medina tropezó. El aduanero que lo escoltaba lo ayudó para que no cayera, dijo no advertir que el hombre arrojó algún bulto. Contó que llegaron a la oficina donde se hace la requisa y que no le hallaron nada. Después escuchó que una colega suya advirtió a su jefe que se enteró que el encartado tiró un paquete.

Seguidamente, se escuchó por lectura la declaración del jefe de turno en Aduana en ese entonces, Luis Dachari (ausente por cuestiones de salud), quien alegó que fue advertido por la aduanera Norma Zamudio de que el imputado arrojó un bulto. Por último, se escuchó a esta última testigo. La mujer contó que ella no vio que el imputado tiró un paquete, pero que una señora le señaló el bulto tirado y que estaba entre unos bolsos, y que no llegó a anotar el nombre de esa mujer. Para la fiscalía, Zamudio es una testigo de oídas clave en la causa.

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Tags: albañil Matías Gabriel Medinapuente internacional San Roque González de Santa Cruz
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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