El Concejo Deliberante de Garupá aprobó por mayoría la Resolución Nº 04/C/2025, mediante la cual se constituye una comisión investigadora para analizar la conducta del concejal del PRO, Rodolfo Kusczak, tras haber denunciado penalmente al presidente del cuerpo legislativo local, Miguel Rauber, por presunta adulteración de documentos públicos.
La medida, formalizada el pasado 9 de abril, fue tomada luego de que Kusczak manifestara públicamente -a través de medios de comunicación y redes sociales- su intención de iniciar una denuncia penal contra el titular del Concejo, lo que finalmente concretó con una presentación ante la Fiscalía N°6. Según se desprende del texto aprobado, el concejal habría acompañado su acusación con una constancia de denuncia verbal.
El cuerpo deliberativo sostiene que la denuncia fue realizada sin agotar previamente los canales institucionales previstos dentro del propio Concejo, tales como el pedido de informes o el planteo ante el plenario, lo cual genera “zozobra sobre la credibilidad” de las normativas emanadas del órgano legislativo.
Además, se cree que estuvo motivada en un posicionamiento político a favor del intendente Luis Ripoll, quien tiene un enfrentamiento político con Rauber.
Fundamentos
La resolución invoca diversos artículos de la Carta Orgánica Municipal, entre ellos el artículo 247, que establece los requisitos formales que deben cumplir las denuncias formuladas por concejales, el intendente o la ciudadanía. El mismo exige que las denuncias sean presentadas por escrito, definidas con claridad y acompañadas de pruebas.
En este contexto, se señala que la denuncia de Kusczak podría haber incurrido en falsedad o incumplimiento de dichos requisitos formales, además de generar sospechas sobre la veracidad de sus declaraciones y sobre la legitimidad del proceso legislativo que rodeó la aprobación del Presupuesto Municipal 2025, principal objeto de su acusación.
Kusczak acusó a Rauber de haber modificado el presupuesto que llegó desde el Ejecutivo Municipal, incorporando cargos para el Concejo Deliberante.
Alcance de la investigación
La comisión investigadora, creada por el artículo 1° de la resolución, tendrá como fin analizar el comportamiento del concejal Kusczak, su accionar público y el contexto institucional de sus denuncias. Entre los puntos que deberá esclarecer, se incluyen:
- Si el edil incumplió el artículo 247 de la Carta Orgánica Municipal.
- Si faltó a la verdad en sus declaraciones públicas.
- Si el proyecto de ordenanza del Presupuesto 2025 fue efectivamente incorporado al plan de labor del Concejo y tratado conforme a los procedimientos parlamentarios.
- Si existió dictamen de la Comisión de Legislación, Presupuesto y Hacienda sobre el presupuesto, y cuál fue su tratamiento en sesión plenaria. Qué concejales integraban y presidían la comisión en ese momento, y qué participación tuvieron en el proceso.
- La existencia de actas, videos y documentación respaldatoria de todo el trámite parlamentario vinculado al presupuesto.
Asimismo, la comisión tendrá facultades para recibir testimonios, solicitar informes, requerir documentación pública o privada, ordenar peritajes, y denunciar cualquier intento de obstrucción de la investigación.
Composición y plazos
La comisión estará integrada por cinco miembros del Concejo, excluyéndose expresamente al concejal Kusczak y al presidente del cuerpo. Se garantizará la representación proporcional de las fuerzas políticas y de las minorías. Su presidencia será designada entre sus integrantes por simple pluralidad de votos.
Contará con un plazo de 60 días para emitir informes, dictámenes y conclusiones, y en caso de encontrar indicios de mal desempeño o delitos de acción pública, deberá promover la remoción del edil y radicar las denuncias penales correspondientes.
Repercusiones
La decisión del Concejo marca un precedente en materia de control interno y ética institucional, reafirmando las atribuciones del órgano legislativo para velar por su integridad y funcionamiento. La resolución también será comunicada al Honorable Tribunal de Cuentas y al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Aunque hasta el momento Kusczak no se ha expresado públicamente sobre la decisión del cuerpo legislativo, fuentes cercanas al oficialismo local señalan que su proceder habría estado motivado por un alineamiento al intendente Luis Ripoll, quien está enfrentado políticamente al presidente del Concejo, Miguel Rauber.
