En los últimos días, distintas comunidades guaraníes manifestaron su rechazo al Consejo de Caciques, una estructura creada en su momento por el Ejecutivo provincial y que funciona como órgano consultivo de la Dirección de Asuntos Guaraníes. Según denuncian varios caciques, no se sienten representados por esta figura y sostienen que su legitimidad fue impuesta desde fuera de las comunidades.
Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes, se refirió a esta problemática en diálogo con PRIMERA EDICIÓN y explicó que el Consejo de Caciques se conformó originalmente entre los años 2003 y 2005, pero que dejó de funcionar en 2017 debido a conflictos internos. “Muchos de los que eran autoridades del Consejo abandonaron su cargo y quedó acéfalo, sin presidente y sin comisión”, señaló.
Luego de cinco años de inactividad, en 2022 el Consejo fue reactivado en una asamblea realizada el 22 de julio en la comunidad de El Pocito, en Capioví. “En ese momento teníamos 126 comunidades y 76 caciques eligieron a la nueva comisión del Consejo de Caciques, lo que representaba aproximadamente un 65-70% de la totalidad”, detalló Rodríguez.
Resistencia a una nueva asamblea
A pesar de esta reactivación, las diferencias internas no cesaron. Según explicó el director de Asuntos Guaraníes, con el paso del tiempo algunos caciques comenzaron a cuestionar el proceso y a deslegitimar al Consejo. Frente a esta situación, el organismo propuso una nueva asamblea para debatir el futuro de la representación indígena. “Desde el año pasado venimos proponiendo esto: que se reúnan todos los caciques para dialogar y consensuar una solución”, afirmó Rodríguez.
Sin embargo, la propuesta encuentra resistencia. “Nosotros intentamos acercar posiciones, entendemos que este es un problema interno de representatividad y creemos que la mejor forma de resolverlo es a través del diálogo. Pero hemos visto que hay un rechazo a esta asamblea, no entendemos bien los motivos”, expresó.
“Es una cosmovisión del Estado provincial”
Desde el sector disidente, Germán Benítez, cacique de la tekoa Tunaí y uno de los coordinadores del Aty Ñechyrõ, sostuvo: “Hasta ahora nosotros no entendemos qué está pasando. Sabemos que la Dirección de Asuntos Guaraníes está hace más de 35 años y es un organismo del Estado que está especialmente para asistir y actuar en relación a las problemáticas indígenas, pero no vemos que exista una verdadera preocupación. Hay muchas cosas para trabajar juntos, para que tengamos una real participación”.
Además, cuestionó el origen del Consejo: “El Estado creó organizaciones de acuerdo a su conveniencia, tanto el Consejo de Ancianos como el Consejo de Caciques, pero eso es una idea y cosmovisión del Estado provincial, no es originario. Entonces, hasta este momento, los caciques y las comunidades en general no saben ni entienden para qué son esas organizaciones, si favorecen a las comunidades o si favorecen al Gobierno provincial. Porque hasta ahora el Consejo de Caciques no está representando a su pueblo ni defendiendo sus derechos, sino que siempre defiende la conveniencia del Estado”.
Según explicó, un grupo de caciques se viene reuniendo en distintas oportunidades para analizar la situación. “Esta ya es la tercera vez que nos reunimos entre varios caciques en la comunidad Ka’aguy Poty de Cuña Pirú”. Y sentenció: “Decidimos rechazar a ese organismo como nuestro representante. Desde hoy, ellos no nos representan más, porque no representan nuestros derechos”.
“Estamos atrasados”
Francisco Benítez, actual titular del Consejo de Caciques, se refirió al trabajo actual: “Nosotros siempre estamos trabajando para conseguir algo para el pueblo, pero las cosas para lograr cuestan. Desde el año pasado se está intentando con el Estado provincial el compromiso de que hagan más viviendas para el pueblo y solucionar las cuestiones de electricidad, que muchas no tienen. De eso ya hicimos el reclamo como Consejo de Caciques de la provincia”.
Y agregó: “Estamos atrasados con muchas cuestiones en materia de derechos, de territorio, de justicia, pero la idea es lograr unidad entre nosotros, antes que nada. Nosotros hicimos muchas reuniones, pero nunca participaron los caciques que ahora se están manifestando en contra del Consejo, a pesar de que los invitamos”.
Mientras algunos caciques continúan rechazando su legitimidad, desde el Gobierno provincial sostienen que cualquier cambio debe darse en un marco democrático. “Si hay diferencias, que se discutan en una asamblea y que sean los propios caciques quienes decidan su futuro”, concluyó Rodríguez.
¿Es posible disolver el organismo?
Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la naturaleza del Consejo de Caciques. Mientras algunos líderes indígenas argumentan que es una figura impuesta por el Estado provincial, Francisco Rodríguez aclaró que, si bien fue impulsado desde el Ejecutivo, se constituyó como una asociación independiente. “Es el órgano consultivo de la Dirección de Asuntos Guaraníes, pero no depende de la Provincia, sino de la voluntad de los caciques”, explicó.
En ese sentido, reconoció que existe la posibilidad de disolver el Consejo, pero que esta decisión debe surgir de las comunidades. “Podrían hacerlo, pero tiene legitimidad porque fue elegido por los caciques. Si hay una mayoría que no está de acuerdo, lo lógico es que se convoque a una nueva asamblea y se vote democráticamente”, sostuvo.
Rodríguez también advirtió sobre irregularidades administrativas que hallaron al reactivar el Consejo en 2022. “No tenía libro de actas, no tenía balances presentados y había una deuda con la AFIP de 5 millones de pesos. El último balance se presentó en 2013 y había bienes del Consejo que no pudimos encontrar”, detalló.
