Cuatro testigos declararon ayer ante el Tribunal Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Tres peritos informáticos de parte, defensa, y el director de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) del Superior Tribunal de Justicia, se presentaron a responder durante casi siete horas los interrogantes en torno a la labor de extracción de los archivos MASI, definiciones técnicas sobre las huellas digitales que dejaron los soportes secuestrados y vinculados a los hermanos Sebastián y Germán Kiczka, acusados de bajarlos, acopiarlos y distribuirlos.
Gisela Analía Korol y Sebastián López fueron los primeros en transitar por el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia. Los consultores técnicos en informática fueron los primeros solicitados por la defensa en la etapa de instrucción de la causa.
Según las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, ratificaron su aporte al expediente pero no habrían puesto en contradicción a la acusación, sino certificado su labor como testigos de los elementos secuestrados y su contenido.
Darío Pokora, jefe de la SAIC, fue el tercer testigo y debió responder durante dos horas, las dudas de la defensa encabezada por María Laura Alvarenga como representante de Sebastián Kiczka y Gonzalo de Paula por el exdiputado provincial Germán Kiczka, y de los fiscales Martín Alejandro Rau y Vladimir Glinka.
Pokora describió la labor ordenada por el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, respecto a los elementos secuestrados durante los allanamientos en febrero, julio y agosto y que derivaron en registros digitales almacenados en el software eMule sobre abusos sexuales a menores de edad, mayoritariamente niños.
Se destacaron además las herramientas para recuperar archivos borrados de computadoras y teléfonos, entre otros soportes.
La audiencia se cerró con el relato y respuestas de Sergio Alberto Faifer, analista en sistemas y perito informático forense de parte, quien cuestionó la labor de la SAIC sobre los elementos secuestrados en la causa. La intención de la defensa apunta al respecto a dejar abierta la posibilidad que al utilizar eMule, los archivos MASI bajaran y se distribuyeran en y desde las computadoras de los hermanos sin que ellos lo supieran. Pero también que tales soportes pudieran haber sido alterados posteriormente.
El lunes próximo a las 8.30 -y a puertas cerradas para el público y medios de comunicación- se reanudará el debate sobre el mismo eje: secuestro y análisis de los archivos. Con más testigos solicitados por la Fiscalía y que prestan su labor como peritos en la SAIC.
El mismo día se aguardará que las partes presenten sus cuestionarios para ser remitidos al diputado provincial por Activar (partido que integraba Germán Kiczka antes de ser detenido e imputado) Pedro Puerta. Testigo que se amparó en sus fueros y solicitó responder por escrito la citación como testigo.
En la entrada a los baños y en otro piso
Tanto en la Ley 27.275 como en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el derecho a solicitar, dar y recibir información pública está expresamente garantizado.
De acuerdo a lo anunciado por el presidente del Tribunal Penal 1, Gustavo Bernie, en el juicio a los hermanos Kiczka este derecho “se respetaría” dentro del Palacio de Justicia donde se desarrollan las audiencias.
Sin embargo la labor periodística fue resumida -y obligada bajo severas advertencias por empleados de seguridad del lugar- a un espacio montado con un biombo frente a los baños del hall de ingreso al edificio que ocupa más de una manzana y tiene cinco pisos de alto. Mientras que el salón de usos múltiples, donde se despliegan las audiencias, está en el amplio subsuelo al que nadie que parezca un comunicador social, puede bajar, ni asomarse siquiera, muchísimo menos solicitar hacer fotos o videos previos.
Bajo estas condiciones, sin remarcar que el tipo de debate no exige que sea cerrado al público y medios, la tarea de informar y acceder a la información resulta menoscabada por los responsables, vaya punto, de administrar justicia.
