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Causa Vicentin: dictan prisión preventiva para exdirectivos de la empresa cerealera

La Justicia confirmó la “administración fraudulenta” y considera que los exejecutivos “habrían desviado fondos de la empresa para beneficio personal durante el concurso preventivo que afronta por una deuda en torno a los 1.600 millones de dólares”.

1 abril, 2025
MANIOBRA. La causa Vicentin es por delito de administración fraudulenta.

MANIOBRA. La causa Vicentin es por delito de administración fraudulenta.

El Tribunal de Rosario, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana, dispuso la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Sobre ellos pesa la acusación de estafa y asociación ilícita.

De acuerdo a lo relevado por la fiscalía, los directivos imputados habrían desviado casi $6.000 millones de la empresa para gastos personales y se habrían autoasignado retiros voluntarios por cerca de $2.000 millones entre 2019 y 2024. Este accionar habría afectado el patrimonio de Vicentin, que se encuentra concursada y debe pagos a acreedores externos y a sus trabajadores.

 

“La escala penal  se puede ampliar”

La fiscalía sostiene que la situación de crisis de la empresa excede el contexto económico, sino que se debe a maniobras fraudulentas del directorio, que incluso habría falseado documentación para obtener créditos que no podía cubrir. La causa involucra a 19 exejecutivos de Vicentin.

Al momento de leer el dictamen, el juez Foppiani señaló que “la pluralidad de hechos atribuidos, la gravedad presunta de los delitos así como la extensión patrimonial muy significativa estimada en cientos de millones de pesos, puedo decir de dólares, así como la sofisticación y la organización de las maniobras delictivas, a través de la utilización de complejas maniobras que involucraron a personas jurídicas. Estas permiten prever que la escala penal se puede ampliar y teniendo en cuenta la escala penal y el concurso de delitos, no puede descartarse que se les imponga a estas personas una pena de prisión de cumplimiento efectivo en caso de llegar a ser condenados”.

Además se sostiene que los imputados habrían desviado fondos de Vicentin para pagar honorarios profesionales para su defensa y seguros de caución fijados como fianza, por el monto de $40 millones, con el objetivo de no ir a la cárcel. 

Todo eso a pesar de que la empresa atraviesa un concurso preventivo de crisis, entre otras razones, por una deuda en torno a los 1.600 millones de dólares.

 

Otros procesados

La Justicia también investiga el accionar del exdirector de la AFIP Carlos Vaudagna, quien admitió haber intervenido durante el ejercicio de su cargo para evitar sanciones fiscales a la agroexportadora en los años previos al default, lo que habría resultado en favores a los exdirectivos.

Mientras que a Scarel, Macua, Gazze y Buyatti se les fijó prisión preventiva, a Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti y Fernando Estanislao Bougain se les impuso una caución de medio millón de dólares.

Por otro lado, a Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia se les fijó una caución de 400 mil dólares, la prohibición de salir del país sin autorización y la firma mensual en sede judicial de Reconquista o Rosario.

 

Fuente: Medios Digitales

Tags: #EstafaArgentinaAsociación IlícitaPrisión preventivaVicentin
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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