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El Gobierno analiza reemplazar la moratoria por una Pensión Universal

tras las elecciones aumentaría la edad jubilatoria, tal como pide el FMI.

31 marzo, 2025

“Una mejora a la PUAM”, dicen quienes conocen del tema. Esa sería la “mejor alternativa” que el Gobierno propone ante el vencimiento de la moratoria previsional, el instrumento que permitió incorporar a la Argentina en la lista de países con mayor cobertura del mundo al extender los beneficios previsionales del 66% al 95% de los adultos mayores desde el 2004.

A corto plazo, la opción que más se repite entre las propuestas que recorren los despachos oficiales es la quita de regímenes especiales y la incorporación de una Prestación Proporcional por Vejez, que suma a la PUAM un proporcional por años aportados. El aumento de la edad jubilatoria -un pedido histórico del FMI para bajar el gasto previsional-, frizado hasta después de las elecciones.

¿Qué es la PUAM? Es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, un beneficio previsional que otorga el Estado argentino a personas mayores de 65 años que no tienen una jubilación ni reúnen los aportes necesarios para obtenerla y es equivalente al 80% de una jubilación mínima.

El rol de Sturzenegger

Como antecedente de la intención oficial de eliminar los regímenes jubilatorios especiales y crear una prestación proporcional por vejez, que sume a la PUAM un proporcional por años aportados, es necesario remontarse a la primera versión de la Ley de Bases, en la que el Gobierno había propuesto la eliminación de la moratoria previsional y su reemplazo por un nuevo sistema de prestación proporcional para aquellas personas que no cumplan con los años de aportes requeridos.

El proyecto de reemplazo de la moratoria proponía una prestación a la que podían acceder todas las personas con más de 65 años (alargando de esta manera la edad de las mujeres en edad de jubilarse y sin aportes, que es a los 60 años), para cobrar un monto equivalente al 80% del haber mínimo, similar a la PUAM pero con un plus proporcional a los años efectivamente aportados, si corresponde.

Ese renglón de la Ley de Bases lo diseñó el exdiputado de la UCR Alejandro Cacace, actual subsecretario de Reformas Estructurales del ministerio que dirige Federico Sturzenegger, por lo que se acerca mucho a la intención oficial.

Proyectos en carpeta

En paralelo, el Congreso se convirtió en una usina de propuestas. El pasado viernes, entraron cuatro proyectos de ley que se suman a una treintena que proponen desde la extensión de la moratoria actual hasta una reforma integral del sistema, pasando por la quita de jubilaciones o pensiones de privilegio y la Comisión de Previsión y Seguridad Social tratará en una sesión el próximo 9 de abril.

Las propuestas que menor asidero tienen dado el contexto actual son las de diputados de Unión por la Patria (Leopoldo Moreau, Andrea Freites, entre otros) y el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño), que solicitan prórrogas por dos años a la moratoria previsional vigente.
Gisela Marziotta (UxP) apuesta a una prórroga de diez años, y un proyecto presentado por Victoria Tolosa Paz (UxP) propone establecer una ayuda económica de $105.000 con actualización mensual por inflación.

Otro espacio importante en la agenda legislativa lo ocupan las propuestas dedicadas a la eliminación de beneficios previsionales especiales para el clero, presidentes, jueces y diplomáticos.

Se destacan en este sentido la cantidad de textos que apuntan la restricción de haberes para condenados por delitos de corrupción.
Los diputados cambiemistas Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Ana Clara Romero, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi proponen excluir a expresidentes condenados. Un déjà vu respecto al debate de Ficha Limpia.

Finalmente, los diputados Alejandra Torres y Agustín Domingo, del bloque de Miguel Pichetto, propone una reforma integral del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones con la eliminación de los 30 años como requisito de un mínimo de servicios, considerar las remuneraciones de toda la vida laboral para el cálculo del haber previsional, establecer como piso garantizado de haber la PUAM y aumentarla en función de los aportes que la persona tenga realizados en su vida laboral y permitir, como ocurre con las jubilaciones, que quien percibe la PUAM pueda trabajar.

Y después: el FMI

El fin de la moratoria previsional coincide con un año electoral y de negociación con el FMI, al que nunca le es ajeno el sistema previsional. Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán y director de la consultora Vectorial, vivió de cerca la última negociación de Argentina con el FMI en 2022.

“Básicamente el Fondo siempre pide tres cosas en la Argentina respecto de la cuestión previsional: la equiparación para de la edad de retiro entre hombres (65) y mujeres (60); la eliminación de la moratoria y un aumento de la edad jubilatoria a 67 años o incluso más. Todo eso en la práctica implica menos gasto previsional, porque tenes que estar trabajando más años para empezar a pagar”, señaló a elDiarioAr.

Con la moratoria previsional resuelta, el próximo dardo apuntaría al aumento de la edad jubilatoria.

¿Aumenta la edad jubilatoria?

En la Argentina parecen años, pero pasaron apenas poco más de un mes desde que Javier Milei despidiera al extitular de la ANSeS Osvaldo Giordano, quien había afirmado que el Gobierno iba a presentar un proyecto para aumentar la edad jubilatoria durante 2025.

“La reforma jubilatoria no es para este momento”, dijo el presidente durante una entrevista televisiva después de echarlo, el 9 de febrero de 2024, a menos de dos meses de haber asumido, porque su pareja, la diputada cordobesa Alejandra Torres, había votado en contra de la Ley de Bases.

No hay que olvidar, sin embargo, que Milei tiene desde diciembre facultades extraordinarias en materia previsional hasta el 31 de diciembre, gracias al controvertido DNU 70/2023, el megadecreto que le permite derogar, modificar o intervenir sobre aspectos clave del sistema sin pasar por el Congreso.

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Tags: #MoratoriaPrevisional#VentanaJubilatoriaJubilados de PAMI
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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