Por Pedro Lacour
Sociólogo (UBA)
En el edificio de Corrientes 655, en el centro porteño, ya no queda rastro del equilibrio precario que había sostenido Juntos por el Cambio. Ni técnicos con terminales en la UCR, ni armados híbridos con el peronismo moderado.
En el PAMI manda ahora la lógica libertaria del gobierno de Javier Milei: una combinación de recorte presupuestario, copamiento territorial y ocupación ideológica.
Bajo la presidencia formal de Esteban Leguizamo, pero con el pulso político del asesor todoterreno Santiago Caputo, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados entró en una fase de reorganización silenciosa pero profunda.
Sin grandes anuncios ni fotos, pero con una lista cada vez más visible de despidos, reestructuraciones internas y nuevas figuras con línea directa a la Casa Rosada.
La transformación institucional fue profunda. En los últimos meses, las cuatro gerencias sociales del organismo se redujeron a una sola, subdividida ahora en seis subgerencias.
Se desplazó a figuras como Sergio Barrionuevo -ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos- y otros cuadros vinculados a Graciela Ocaña o Carlos Rojo.
Algunos conservaron cargos intermedios, incluso sin reducción salarial, pero con menor peso político. La nueva arquitectura comenzó a responder a una Unidad Técnica Operativa subordinada al número 2 de Leguizamo, Carlos Zamparolo, quien proviene de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA).
“Caputista”
Entre las designaciones más llamativas estuvo la de María Antonella Racunti, libertaria de La Plata y militante activa de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que tras la reestructuración asumió como la única gerente del PAMI, al frente del Área de Participación e Inclusión Social.
En redes sociales, Racunti se muestra alineada con el sector más duro del oficialismo. Comparte asiduamente publicaciones de Lucas “Sagaz” Luna -referente libertario de Tres de Febrero, con llegada a la mesa chica de Caputo- y de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación con voceros como El Gordo Dan.
La militancia digital forma parte de su estilo, aunque no sin controversias. En octubre pasado, Racunti compartió -y luego borró- un mensaje en tono de burla sobre la última dictadura militar.
“La última vez que se hicieron los picantes terminaron buscando hijos y nietos por 40 años. Sigan así”, decía el posteo original de la cuenta @oficinagtar, replicado por ella con una risa. El mensaje generó rechazo incluso dentro del propio PAMI, pero no tuvo consecuencias formales.
En los pasillos de Corrientes 655, el episodio se interpretó como otro reflejo de la libertad de acción que manejan algunos cuadros del armado libertario.
Es que Racunti responde al ala platense que se referencia directamente en Caputo. El 1° de marzo fue vista en los balcones del Congreso junto a otros miembros de ese núcleo, como Isidro Bonicatto, referente universitario de ULLA, o Yamil Salerno, flamante jefe del área de Derecho y Ciudadanía. Psicólogo de formación, con apenas dos cursos relacionados al derecho -uno sobre niñez-, su designación fue otro caso en el que la cercanía política se impuso a la formación técnica. Racunti y Salerno hoy trabajan codo a codo, pero sin contacto alguno con los empleados.
“Racunti se encierra en su oficina y Salerno, que por su cargo debería estar con el resto de los trabajadores, se queda con ella”, deslizó una fuente a elDiarioAR.
Otra figura visible del nuevo esquema es Lucas Catalín Malin, actual jefe de Gabinete del PAMI.
Su nombre no figuraba en las estructuras anteriores, pero hoy es uno de los hombres fuertes del organismo previsional, al que aterrizó con una hoja de ruta clara: consolidar la línea Caputo y reordenar el tablero interno.
Antes de ocupar su nuevo cargo, se desempeñó al frente de la Gerencia de Comunicación Institucional. Oriundo de San Nicolás, Malin tiene una trayectoria como consultor en comunicación política y ocupó roles técnicos en la ciudad de Buenos Aires, como coordinador del Observatorio del Ente de Turismo porteño.
Motosierra sin fin
En enero, el ajuste interno se volvió explícito en el PAMI: 230 despidos sin previo aviso, concentrados esta vez en el nivel central. A diferencia de 2024, cuando las cesantías afectaron mayormente a las agencias del interior del país, ahora la reconfiguración se discutió en una mesa paralela instalada en el Ministerio de Salud.
La intervención la cartera conducida por Mario Lugones en un ente autárquico llamó la atención. “Nos pareció raro que se tratara ahí, pero políticamente la línea es clara”, dicen desde adentro. En ese esquema aparece también el nombre del ministro, Rodrigo Lugones, íntimo amigo de Santiago Caputo y operador de peso, aunque sin funciones visibles en la gestión diaria.
En paralelo a esa dinámica, con Milei, el PAMI también perdió su tradicional autonomía respecto de las paritarias estatales: desde esta gestión, los aumentos salariales se rigen por lo que acuerden los gremios ATE y UPCN. Para los trabajadores del Instituto, esto implicó una caída en su poder adquisitivo, antes diferenciado del resto del Estado.
Menos remedios
Pero el recorte no se limita al personal. En diciembre, el PAMI eliminó la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. La medida se sumó al ajuste del vademécum realizado en agosto, que dejó afuera antibióticos, corticoides, antipsicóticos y tratamientos esenciales.
Hoy, el listado completo de medicamentos cubiertos no es público. Además, quienes cobren más de un haber mínimo, posean un auto de menos de diez años o dos propiedades, perdieron el acceso al subsidio del 100%.
Según cálculos internos realizados en ese entonces, eso representa un recorte promedio de 74.500 pesos mensuales por persona.
A eso se suma otra mala noticia: el 31 de marzo vencen los convenios con la industria farmacéutica, que se renuevan cada año. Según pudo saber elDiarioAR, aún no hay definiciones claras sobre su continuidad.
Tampoco sobre el futuro del programa Pro-Bienestar, de entrega de alimentos, reconvertido en una transferencia monetaria impersonal, sin vínculo con los centros de jubilados, muchos de los cuales ya dejaron de recibir asistencia.
Esa motosierra vino acompañada de una reforma previsional de facto. Es que la fórmula de movilidad jubilatoria fue reemplazada por un ajuste por inflación, lo que impide recuperar el poder adquisitivo perdido. Los haberes se estabilizan en el piso.
Además, el bono de 70.000 pesos para jubilados con la mínima quedó congelado desde marzo de 2024 y no hay previsión de aumento. Si se hubiese actualizado con el mismo criterio que los haberes, hoy debería rondar los 135.000.
El final de la moratoria previsional, que vence en abril, añade otro ítem crítico. Si no se renueva, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria sin 30 años de aportes solo podrán acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que paga el 80% del haber mínimo, no es heredable y eleva la edad jubilatoria efectiva de las mujeres de 60 a 65 años.
Pobreza e indigencia
En el primer semestre de 2023, siempre según datos oficiales, el 1,6% de los mayores de 65 años eran indigentes. Un año después, esa cifra trepó al 4%. La pobreza en ese grupo etario pasó del 13,2% al 29,7%.
En la calle, ese deterioro encontró una forma de respuesta. Desde el año pasado, todos los miércoles se concentran jubilados autoconvocados frente al Congreso. Protestan por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de cobertura médica y la quita del bono.
El 12 de marzo pasado tuvo lugar la jornada más álgida: carteles, cacerolas y bastones terminaron envueltos en los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un operativo que terminó con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
“Si nos apoyan, bienvenidos”
“Nuestra lucha no está emparentada con las traiciones de la CGT”, señaló a elDiarioAR una jubilada autoconvocada que este miércoles volvió a salir a la calle.
“Si nos apoyan y vienen a marchar con nosotros, bienvenidos, porque la CGT es la dirección de la clase obrera. Pero sabemos que su historia está plagada de traiciones y de renuncias. De hecho todo, lo que pudo hacer el Gobierno fue por las traiciones de la CGT”, insistió, en referencia a la postura pasiva de la central obrera, que el próximo 10 de abril realizará su tercer paro de la era de la administración de Javier Milei.
Mientras tanto, el nuevo PAMI avanza sin hacer demasiado ruido público. Cambian los nombres, se reordenan las áreas, se recortan prestaciones y se achica la planta. Los jubilados, mientras tanto, sienten el impacto en sus bolsillos y en la atención.
Y muchos trabajadores caminan los pasillos sin saber cuánto tiempo más van a conservar su lugar. La transformación no es solo administrativa: también es política. Y no parece tener marcha atrás.
Fin de la moratoria
Desde el domingo 23 de marzo, el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto el Plan de Pago de Deuda Previsional, conocido popularmente como la “moratoria previsional”.
Esto implica que aquellas mujeres y hombres en edad de jubilarse que no hayan alcanzado los 30 años de aportes al sistema previsional argentino ya no contarán con la herramienta que había establecido la Ley 27.705 desde marzo de 2023 para acceder a una jubilación.
Impacto
En rigor, muchas personas que trabajaron a lo largo de su vida en una situación informal quedarán excluidas del sistema. Los adultos mayores son quienes se vieron más afectados por el ajuste del gobierno ultraderechista y el abandono del Estado.
Discontinuar el mecanismo de cancelación de deuda del sistema previsional tendrá un impacto severo en el presente como en los años venideros. Y es que, según remarcan los especialistas, solo 3 de cada 10 hombres y apenas 1 de cada 10 mujeres podrán jubilarse.
Fuente: eldiarioar.com
