El Tribunal de Cuentas de la provincia rechazó el balance de la Municipalidad de Garupá tras detectar serias irregularidades en la contabilidad. Tal situación terminó en un escáldalo tras filtrarse, por ejemplo que entre los incumplimientos aparecen pagos irregulares de seguros y obras que figuran como finalizadas, aunque no se pudo comprobar siquiera que iniciaron.
La sentencia trata sobre la rendición de cuentas 2023, la cual expuso un manejo poco transparente de los fondos públicos y por esa razón se establecieron sanciones económicas contra el intendente Luis Armando Ripoll, la tesorera Susana Beatriz Flores y el contador municipal Víctor Hugo Alvarenga. Cada uno de los funcionarios fue multado con $543.000, mientras que, en conjunto, se les impuso otro cargo pecuniario superior a los $14 millones.
El fallo llegó tras un proceso de casi un año, en el que se les dio la oportunidad a los responsables de presentar descargos. Sin embargo, en muchas de las observaciones, ninguno logró justificar el uso del dinero público, lo cual derivó en la desaprobación del balance y en las sanciones mencionadas. El contundente informe de la fiscalía del Tribunal de Cuentas (TC) detalló, entre las graves inconsistencias que por ejemplo, se pagaron seguros de vehículos y accidentes personales sin presentar las pólizas correspondientes. Incluso se abonó un seguro de riesgos del trabajo (ART) a nombre de una persona que ni siquiera figura en la nómina municipal.
Otra irregularidad significativa encontrada fue la contratación de seguros para maquinaria vial, sin identificación clara de los bienes asegurados. Además, en el caso de los vehículos de la flota vial, la fiscalía del TC tampoco pudo comprobar que fueran propiedad del municipio. En el informe se expusieron dudas sobre lo abonado al respecto e incluso se menciona un posible “uso indebido de los fondos públicos”.
Por otra parte, en el análisis de las abultadas facturas telefónicas se reveló que, además del servicio de llamadas, se pagaron suscripciones digitales de juegos, música y otras plataformas, gastos que el Tribunal consideró “innecesarios y excesivos para una administración municipal”.
Asimismo se encontraron pagos irregulares de impuestos, ya que por ejemplo, aunque el municipio está exento del Impuesto a las Ganancias, en la rendición la Comuna informó que realizó pagos por ese impuesto mediante la utilización de tarjeta de crédito, lo cual a entender del TC “implicó una pérdida de fondos públicos”, según dice la sentencia.
Si bien, momento de presentar descargo, los responsable Ripoll, Flores y Alvarenga argumentaron que habían iniciado gestiones para frenar estos descuentos por parte de un importante banco local, la fiscalía subrayó que el dinero nunca fue reintegrado a las arcas municipales y por ese motivo no tomo por válida la justificación.
