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Imputaron a dos gendarmes misioneros por el homicidio de un motociclista

En Jujuy, los misioneros Alexander Ezequiel Gunther (subalférez) y Marcos Leonardo Wisniewski (cabo primero), más un sargento y un cabo del Escuadrón 21 quedaron detenidos con prisión preventiva.

18 marzo, 2025

Cuatro gendarmes, entre ellos dos misioneros, quedaron imputados con prisión preventiva por el homicidio del motociclista Ivo Rodrigo Torres en la provincia de Jujuy. La víctima fue baleada por los efectivos en un procedimiento en La Quiaca cuando, procedente de Bolivia, traspasó la frontera por un paso ilegal con escasa cantidad de hojas de coca.

El subalférez Alexander Gunther (25), oriundo de Aristóbulo del Valle y el cabo primero Marcos Wisniewski (34), de Bernardo de Irigoyen, además de un sargento y un cabo del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional están acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por cometerse abusando de su función por un miembro de una fuerza de seguridad.

La jueza federal de Garantías N°2, Carina Gregoraschuk, dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para los imputados, identificados como el subalferez Alexander Gunther; el sargento Walter Daniel Álvarez y los cabos Juliana Carina Enciso y Marcos Wisniewski.

“De los cuatro, Álvarez es el más comprometido, ya que está sindicado por la acusación como el presunto autor material de los disparos homicidas”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

 

El caso

El crimen del joven de 22 años ocurrió el 6 de febrero pasado y tuvo como escenario el límite fronterizo a la altura de la ciudad de La Quiaca.

Según la acusación del fiscal Sebastián Jure y la auxiliar fiscal Marina Cura, allí los imputados estaban apostados como patrulla con un móvil identificado con el logo de Gendarmería Nacional cuando vieron ingresar desde Bolivia a territorio nacional a Torres, quien se movilizaba en una moto.

“Ante la presunta omisión de acatar la voz de alto, se inició una persecución, en la cual los gendarmes hicieron disparos al aire, a modo de advertencia. Todo terminó en el barrio Praderas del Norte, donde el motociclista se desvaneció y quedó tendido en una calle de tierra”, informaron.

Al advertir que estaba herido, los gendarmes pidieron la asistencia del Servicio de Emergencia, cuyos paramédicos, al llegar, intentaron reanimar a Torres, pero no se logró.

Tras las primeras pericias en el lugar se estableció que, entre sus ropas, Torres transportaba paquetes con escasa cantidad de hojas de coca.

En primera instancia tomó intervención el fiscal penal provincial Alberto Mendivil, quien pidió la detención de los gendarmes y dispuso una serie de medidas, entre ellas, el encintado de manos de los involucrados para preservar evidencia, el secuestro del móvil en el que iban a bordo y la moto que conducía la víctima.

Lo mismo sucedió con las armas de fuego de los acusados y sus celulares, a la vez que se levantaron las vainas halladas en el lugar del hecho.

De acuerdo al informe forense, la muerte del joven se produjo por dos disparos, uno de ellos a la altura de la espalda y el otro en una de sus piernas.

“En la audiencia de formalización, la fiscalía sostuvo que, de los indicios y evidencias ya reunidas, se podía inferir una mayor responsabilidad del sargento Álvarez, por lo que el fiscal solicitó que la acusación del mismo sea en grado de autor, mientras que los tres gendarmes restantes respondan en calidad de partícipes necesarios”, explicaron.

Se solicitó la prisión preventiva para los cuatro gendarmes en base a la “gravedad del hecho, los riesgos de fuga y entorpecimiento y la escala penal del delito”.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: ArgentinagendarmesHomicidioIvo Rodrigo TorresJujuy
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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