La intendenta de la localidad de Catriel, Río Negro, Daniela Salzotto (PJ), denunció este viernes haber sido víctima de amenazas verbales y agresiones físicas por parte del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo (PJ). El agresor fue detenido por la Policía.
El hecho ocurrió en la sede municipal, cuando Ariaudo se presentó en el lugar y exhibió un arma. Según testigos, la situación derivó en una fuerte discusión y en agresiones, en las que también resultó golpeado el secretario de Prensa de la ciudad al intentar frenar el ataque.
La fiscal Andrea Bolognesa quedó a cargo de la investigación. En tanto, la Policía logró contener la situación en el municipio, pero Ariaudo se dio a la fuga y fue detenido más tarde por orden del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Según el secretario de Gobierno de Catriel, Daniel Delgado, y de acuerdo a la prensa local, la intendenta venía recibiendo amenazas desde hace más de un año debido a diferencias políticas con Ariaudo, las cuales se intensificaron en los últimos meses.
Delgado también vinculó la escalada de violencia con un reciente anuncio de Salzotto sobre un proyecto para que los funcionarios sean sometidos a controles de consumo de sustancias. “Seguiremos en esa misma línea, la de la salud mental”, sostuvo.
Pasó la madrugada del sábado bajo la sombra del calabozo y en la mañana se sometió a la audiencia judicial en la que se formalizaron los cargos en su contra.
La fiscalía lo acusó por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo”, “amenazas reiteradas” y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada”.
Sin embargo, en la audiencia Ariaudo se arrepintió. “Expresó estar arrepentido de lo sucedido y ofreció la renuncia al Concejo Deliberante a partir de hoy”, contaron fuentes judiciales de Río Negro.
“El hombre llegó detenido a esta audiencia, la fiscalía iba a solicitar su prisión preventiva y su desafuero pero él decidió colaborar con el órgano municipal y también con la investigación que concretará el Poder Judicial. Privilegió lo institucional, evitó que la cuestión continuara”, expresó el fiscal jefe Gustavo Herrera.
La Justicia lo obligó a fijar y mantener domicilio y estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana,. “Además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la Justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas”, explicaron fuentes judiciales.
También le impusieron una prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como del Municipio y la sede del Concejo. Tendrá vigencia por cuatro meses, que es el tiempo que tiene el fiscal Herrero para desarrollar su investigación antes del eventual juicio
Fuente: A24- Infobae
