El Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley 27.786, conocida como Ley Antimafias, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Argentina. La norma entró en vigor esta madrugada mediante la publicación del Decreto 177/2025 en el Boletín Oficial. Con esta medida, se busca anular a las grandes bandas criminales que se dedican al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
La ley define a estas organizaciones como grupos de tres o más personas que operan de manera concertada en la comisión de delitos graves, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas, homicidios y extorsión, entre otros. Además, establece la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas de investigación especial”, lo que permitirá la intervención coordinada de la justicia federal y las fuerzas de seguridad.
Uno de los puntos centrales de la norma es el endurecimiento de penas para quienes formen parte de asociaciones ilícitas, con condenas que van de 8 a 20 años de prisión. Asimismo, se habilita el decomiso anticipado de bienes presuntamente vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de una condena previa.
En cuanto a las facultades de las fuerzas de seguridad, la ley permite la detención de personas por hasta 48 horas en casos de urgencia y la realización de allanamientos con autorización judicial o del Ministerio Público Fiscal en determinados casos. También se refuerzan los mecanismos para interceptar comunicaciones y confiscar activos financieros sospechosos.
El texto legal establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir a sus disposiciones en materia procesal y de colaboración interjurisdiccional.
Cabe recordar que el debate en el Congreso fue intenso y reflejó diferentes posturas sobre la efectividad y los alcances de la ley. Mientras que el oficialismo y algunos bloques opositores destacaron la necesidad de contar con herramientas más eficaces para combatir el crimen organizado, sectores críticos advirtieron sobre posibles abusos y vulneraciones a los derechos individuales.
Desde el Ministerio de Seguridad, se defendió la iniciativa argumentando que “sin medidas contundentes, las organizaciones criminales seguirán expandiéndose y poniendo en jaque la seguridad pública”. En tanto, organismos de derechos humanos y algunos juristas manifestaron preocupación por la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de que algunas disposiciones afecten garantías constitucionales.
La promulgación de la ley marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país. Ahora, su efectividad dependerá de su aplicación concreta y de la coordinación entre las provincias y el Gobierno nacional en la lucha contra el crimen organizado.
