El Gobierno nacional dejó en claro su postura respecto al conflicto yerbatero: no habrá intervención para regular los precios y, en cambio, plantea como solución una reconversión productiva de los yerbales para reducir la oferta de materia prima. Además, en línea con su política de libre competencia, impulsa la flexibilización en la importación de yerba mate, eliminando controles actuales sobre la calidad del producto canchado que ingresa al país.
Estas definiciones surgieron en la reunión mantenida ayer en Buenos Aires entre el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre ellos Gerardo Vallejos (sector cooperativo), Jorge Haddad y Ramón Aníbal Rodríguez (sector productivo) y Ricardo Maciel (representante del Gobierno de Misiones).
De acuerdo a lo que informó el periodista Gerardo Strejevich en FM 89.3 FM Santa María de las Misiones, los funcionarios nacionales sostuvieron en el cónclave que el problema central del sector no radica en la falta de regulación de precios, sino en una “sobreoferta de materia prima”. En esa línea, propusieron que los productores reduzcan la superficie plantada de yerba mate y diversifiquen sus actividades agrícolas. Este enfoque recuerda a programas previos de reconversión productiva aplicados en otras economías regionales, como el tabaco en Misiones.
Por otro lado, el Gobierno nacional sugirió derogar resoluciones que limitan la importación de yerba mate canchada, bajo el argumento de que los controles de calidad son competencia del SENASA. Esto implicaría un mercado más abierto a la yerba proveniente de otros países, lo que podría impactar en la competitividad de los productores locales y en la calidad del producto que se vende en el país.
“Escuchar (al Gobierno nacional) es como escuchar a las industrias. Se juegan a ellos y reciben instrucciones de ellos“, indicó un referente de los productores en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Además, advirtió: “El año pasado se cosechó 100 millones de kgs más que el 2023. Y ese volumen jamás puede ser causante de bajar el precio de 400 a 170. Y esto sin regulación va a terminar el proceso de concentración que inició en los 90 y a duras penas frenamos”.
Desde la Casa Rosada se desentendieron de la crisis de los más de 14 mil productores que hoy reclaman “un precio justo” y marcaron que se trata de “un problema de Misiones”; pese a que todo se originó con la “desregulación” que se implementó en el sector con el mega DNU de Javier Milei en diciembre de 2023, que le quitó la potestad de fijar precios mínimos, para la materia prima, al INYM.
