El presidente Javier Milei pidió al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles que fueron bloqueados durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner debido a su parentesco con personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La mayoría de estos expedientes datan de 2010, y la propuesta del Ejecutivo es reconocerles el grado de coronel con carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2018.
De acuerdo a Infobae, desde el Gobierno señalaron que se busca reparar una “injusticia”, ya que los militares fueron “castigados” por el accionar de sus familiares. Durante el kirchnerismo, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, había otorgado a organismos de derechos humanos la facultad de revisar y vetar ascensos en las Fuerzas Armadas.
Los nombres de los militares en la lista de ascensos
El pedido, firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, menciona a los siguientes oficiales:
- Guillermo Alejandro Saá
- Jorge Luis Toccalino
- Ricardo Horacio Muñoz
- Ramón Centeno de la Vega
- Francisco Javier Canevaro
- Marcelo Ramón Borzone
- Mario Alejandro Díaz
- Justo Rojas Alcorta
- Edgardo Calvi
- Gustavo Cattáneo
- Julio Balloffet
- Oscar Faisal
- Marcelo Huergo
- Pedro Tagni
- Antonio Agustín Duarte
El documento remitido al Senado indica que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias”.
Antecedentes y cambios en el Ministerio de Defensa
El planteo de Milei sigue el mismo criterio que ya se aplicó en diciembre de 2024, cuando se solicitó la promoción de capitanes de fragata de la Armada Argentina que también habían sido bloqueados. La gestión del kirchnerismo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, había intervenido en los ascensos con el argumento de revisar antecedentes vinculados a violaciones a los derechos humanos.
Desde la Casa Rosada remarcaron que los militares en cuestión no tienen causas judiciales en su contra. Durante la presidencia de Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad intentó revertir esta política sin éxito. Ahora, la actual conducción del Ministerio de Defensa decidió desarmar la dirección de derechos humanos que revisaba legajos militares sin intervención judicial y bloqueaba ascensos.
Además, el Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de militares asesinados en la década del 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo que marca un cambio en el enfoque de la cartera.
(Fuente: Infobae)
