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Concejo de Piray aprobó suba escalonada del boleto único

9 febrero, 2025

A una semana de haberse restablecido el servicio, tal como solicitaron los ediles de esta comuna para continuar con el tratamiento de tarifas, este viernes en la tercera sesión extraordinaria del año, se aprobó por unanimidad un incremento del boleto urbano.

Los concejales presentes (Smith, Melgarejo, Giménez y Mercado) acordaron que el aumento será gradual: el ajuste comenzará este mismo mes de febrero cuando el boleto único con tarjeta pase a valer $1.100 y $1.300 sin ella. Los ajustes se extenderán hasta mayo de este año inclusive.

De acuerdo con lo expresado por el edil Remigio Smith, “el incremento será gradual para minimizar su impacto en los usuarios del servicio y para no generar una carga excesiva para la población más vulnerable”.

De todas formas, este ajuste permitirá alcanzar la tarifa de $1.800 solicitada en septiembre de 2024 por la prestataria.

Después de varias semanas de intensas negociaciones, que involucraron a los concejales Remigio Smith y Elizabeth Mercado, junto con representantes de la empresa de transporte, finalmente se alcanzó una solución que logró resolver uno de los conflictos más críticos que había afectado a la comunidad de Puerto Piray: la interrupción total del servicio de colectivos por casi dos meses. Este conflicto había generado una gran preocupación en la población local, ya que el transporte público es esencial para el desplazamiento de los vecinos de barrios alejados, especialmente para aquellos que no cuentan con otros medios de transporte.

El conflicto comenzó a fines del año pasado y se resolvió hace apenas una semana. En aquel entonces la concesionaria había solicitado un aumento en las tarifas del boleto urbano aludiendo a las dificultades económicas que enfrentaba, agravadas por el aumento de los costos operativos, como el precio del combustible, el mantenimiento de las unidades y los salarios del personal. Ante esta solicitud, los concejales y la comunidad en general se mostraron reacios, ya que temían que un incremento en el costo del boleto afectaría duramente a las familias de menores recursos, que son las que más usan el colectivo.

Como las interrupciones habían comenzado casi a finales del año pasado, también era la época en que los chicos aun debían asistir a la escuela; muchos de ellos se habían visto obligados a caminar varios kilómetros para llegar.

Durante todo el tiempo que el pueblo estuvo sin colectivos, y lo mismo durante la renegociación de tarifas sobrevoló la incertidumbre sobre la continuidad del servicio, dado que la empresa había amenazado con la posibilidad de suspender las operaciones “si no se alcanzaba un acuerdo”.
En este contexto, los concejales Remigio Smith y Elizabeth Mercado tomaron la decisión de intervenir y mediar entre la empresa de transporte y la comunidad para encontrar una solución que no solo garantizara la continuidad del servicio, sino que también equilibrara las necesidades de la empresa con las de los usuarios.

Durante varias semanas, se llevaron a cabo intensas reuniones y negociaciones con el fin de llegar a un consenso que permitiera evitar la suspensión del servicio y asegurar que los precios fueran razonables para la comunidad. En esos encuentros, con una dinámica parecida a las de una audiencia publica se buscó escuchar tanto a los representantes de la empresa como a los usuarios, para comprender la gravedad de la situación desde todas las perspectivas posibles y se llegó al acuerdo.

 

Gradual

De esta forma, el aumento aprobado será implementado de manera gradual, comenzando este mes y extendiéndose hasta mayo de este año.
“Esta decisión se tomó con el objetivo de permitir que los usuarios del servicio puedan adaptarse, poco a poco, al ajuste de tarifas, evitando que el impacto económico sea tan abrupto”, sostuvo Smith.

Quien señaló que la medida también responde a la necesidad de garantizar la viabilidad económica de la empresa de transporte, que había solicitado un aumento que le permitiera cubrir sus costos crecientes y asegurar la continuidad de sus operaciones.

“Se espera que el enfoque gradual de este ajuste evite que los usuarios se vean demasiado afectados, en un contexto económico especialmente difícil en el que muchos de ellos ya enfrentan dificultades debido a la inflación y el aumento de otros costos de vida”, dijo.

Además de aprobar el aumento tarifario, la misma ordenanza también estableció una serie de medidas que buscan mejorar la calidad del servicio y proporcionar mayor transparencia en la información disponible para los usuarios. Una de las más destacadas fue la exigencia de que la empresa de transporte, en un plazo máximo de siete días hábiles, exhiba públicamente los horarios y recorridos de las unidades. Esta solicitud responde a las quejas frecuentes de los usuarios, quienes en muchas ocasiones no tienen acceso a información actualizada sobre las rutas y los horarios de los colectivos. La falta de esta información había generado inconvenientes y confusión entre los vecinos para llegar a sus lugares de trabajo.

Otra de las medidas incluidas en la ordenanza fue la solicitud de que la empresa incorpore una nueva boca de expendio de las tarjetas monedero dentro del casco urbano. Actualmente, la venta de estas tarjetas está limitada a pocos puntos de la ciudad, lo que dificulta el acceso a este sistema de pago para muchos usuarios. Con esta nueva boca de expendio, se facilitará el acceso de los vecinos a las tarjetas para que puedan gozar de los descuentos.

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Tags: boleto urbanoColectivoPuerto PiraySUBA
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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