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Denuncian mafia de apeo ilegal en una reserva privada de Corpus

Roberto Moroz, de “Las Gringas”, denunció que hace pocos días usurpadores le habrían destrozado el vehículo cuando volvía de delimitar su predio. Anteriormente los tirotearon y lo golpearon. Apuntó a la inacción “de siempre” de la comisaría local.

6 febrero, 2025
DESTROZOS. Cuando regresaron de hacer trabajos para remarcar los límites de la reserva, así hallaron el utilitario.

DESTROZOS. Cuando regresaron de hacer trabajos para remarcar los límites de la reserva, así hallaron el utilitario.

Doce años sin respuestas de la Justicia y con una situación que no para de escalar en violencia, al punto de haber sido golpeado, amenazado de muerte y haber sufrido destrozos en su vehículo. Una de las víctimas es el propietario de la Reserva de biodiversidad privada Las Gringas, y apunta a una organización delictiva  desplegada en Corpus.

Roberto Moroz relató a PRIMERA EDICIÓN que ya realizó trece denuncias tanto en la comisaría de Corpus como en la de Santo Pipó por intrusiones, apeo ilegal de madera nativa, amenazas, agresiones y delitos ecológicos, de los cuales a través de los años no ha tenido respuesta. 

 

“Los autores son varias familias que viven en los alrededores de nuestro predio, los cuales se dedican a cometer todo tipo de delitos”. 

 

Moroz indicó que se meten tanto en su predio como en chacras vecinas, “cortan árboles de todo tipo de especies” para vender la madera y hasta hacen carbón.

La víctima relató que días atrás, con un agrimensor fueron hacia el fondo de la chacra, la cual tiene 25 hectáreas para volver a realizar la demarcación del espacio, puesto que los rompen para que ingresen animales.

Tuvieron que dejar la camioneta bastante lejos y cuando regresaron, la encontraron con todos los vidrios destrozados. 

De acuerdo a lo que sostiene Moroz, el grupo que intrusa y roba los árboles nativos actuaría “con protección de las autoridades de la zona”.

También resaltó que fueron directamente a presentarse en el Juzgado de Instrucción de Jardín América y a la Fiscalía: “Nos dijeron que iban a empezar a trabajar sobre el tema y nunca avanzaron, los expedientes duermen. Los autores están identificados pero todo opera como una mafia y por eso no sucede nada”. 

“En una oportunidad nos dispararon. Nos salvamos porque nos escondimos atrás de un gallinero. Otra vez me sorprendieron desde atrás y me golpearon entre varios. Me amenazaron con machetes. Actúan con impunidad porque se sienten protegidos”, subrayó Moroz.

Indicó que cada vez que intentan proteger su reserva del accionar de la banda, sufren todo tipo de agresiones y temen que la situación termine con un muerto.

La reserva está ubicada a unos dos kilómetros al norte de la ruta provincial 6. Tal como explicó Moroz, todas las chacras de los alrededores ya están desmontadas. Y teme por Las Gringas.

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Tags: ApeoCorpusDENUNCIASLas GringasMisionesRoberto MoroztalaViolencia
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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