En la previa del plenario donde se debatirá el proyecto de Ficha Limpia, los diputados del Frente Renovador de la Concordia Misionero, que integran el bloque Innovación Federal, presentaron un dictamen de minoría con la intención de incluir delitos informáticos entre los impedimentos para ser candidato.
Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik señalaron que, si bien comparten el objetivo del proyecto del Poder Ejecutivo de elevar los estándares éticos en la función pública, su propuesta busca complementar esa iniciativa con una regulación específica sobre delitos digitales, bajo el título de “Ley de Ficha Limpia Digital”.
El proyecto plantea que no puedan postularse a cargos electivos aquellas personas condenadas en doble instancia por delitos informáticos contemplados en el Código Penal, entre ellos la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, el grooming, la violación de comunicaciones electrónicas y el fraude informático.
La restricción también alcanzaría a quienes aspiren a ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático y directores de empresas con participación estatal.
Además, la iniciativa establece que el candidato deberá poner voluntariamente a disposición de la junta electoral su identidad digital, definida como el conjunto de información expuesta en internet y activos digitales de su propiedad.
Los legisladores misioneros argumentaron que la incorporación de delitos informáticos como causal de inelegibilidad responde a la creciente incidencia de estas conductas en la sociedad y en la administración pública. “El caso del exlegislador Germán Kiczka es un ejemplo paradigmático de la necesidad de abordar esta problemática”, señalaron, en referencia a la causa judicial que lo vincula a una red de distribución de material de abuso sexual infantil.
Si bien aclararon que Kiczka aún no fue condenado, remarcaron que su situación evidenció fallas en los controles éticos y de idoneidad en la selección de representantes políticos. “Nuestro proyecto busca prevenir que personas condenadas por estos delitos accedan a cargos de poder y decisión, protegiendo la integridad del sistema democrático y garantizando estándares éticos acordes a las demandas actuales”, concluyeron.
(Fuente: Parlamentario)
