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Nación crea un plan federal para combatir los ciberdelitos

El programa buscará combatir al crimen organizado y sus métodos electrónicos, por medio de la colaboración entre las diferentes fuerzas federales

16 enero, 2025

En medio de las reformas implementadas en materia de seguridad, el Gobierno nacional creó el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad, con el objetivo de prevenir, investigar y darle solución a las necesidades de los ciudadanos que hubieran sido damnificados por el crimen organizado. El mismo será aplicado de manera transversal, por lo que todas las fuerzas policiales y de seguridad serán incluidas.

El programa fue aprobado para ser puesto en marcha a partir de la madrugada de este jueves, después de que se publicara la Resolución 72/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió que las áreas del ministerio y las fuerzas federales sean instruidas, para que puedan colaborar con la Dirección de Ciberdelito y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad.

“Invitase a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al ‘Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad (2025-2027)’ aprobado por la presente Resolución”, ordenó la titular de la cartera de Seguridad.

En este sentido, la jefa de las fuerzas federales autorizó la participación de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

De la misma manera, se designó a la Dirección del Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos como la responsable de “coordinar el esfuerzo nacional de policía en materia de lucha contra el ciberdelito y las amenazas cibernéticas, a través del diseño y de la elaboración de las políticas y programas de fortalecimiento“.

“Resulta necesario adoptar un enfoque integral, colaborativo y federal que permita articular los esfuerzos del Gobierno Nacional con los de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de promover un entorno seguro en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y fortalecer las capacidades de prevención e investigación de los ciberdelitos”, destacaron las autoridades.

De hecho, apuntaron que “el crimen organizado ha evolucionado y utilizado las nuevas tecnologías y la infraestructura digital para llevar a cabo actividades ilícitas de manera más eficiente”, por lo que consideraron que el internet se convirtió en “un medio valioso para perpetrar delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.

“El uso de tecnologías de la información y la comunicación son el aspecto constitutivo y central de tales conductas, sin la cual no podrían realizarse“, señalaron, para luego resaltar que ”la prevención de los ciberdelitos resulta esencial para minimizar los impactos en la sociedad de tales conductas”.

Incluso, sentenciaron que este tipo de delitos no solo afectaría a la ciudadanía, sino que son potencialmente peligrosas para las empresas, instituciones públicas y la infraestructura crítica del país. “Puede generar consecuencias graves para la seguridad nacional, la economía y la confianza de la ciudadanía en el entorno digital”, advirtieron.

“La ciberseguridad es un componente fundamental para la protección de los sistemas digitales y la infraestructura crítica del país, constituyéndose en un elemento estratégico para el funcionamiento de este Ministerio”, argumentaron respecto de la serie de medidas impulsadas por la ministra para fortalecer el trabajo en materia de ciberseguridad nacional. Entre ellas, el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC), que estará destinado a investigar los diferentes tipos de delitos informáticos.

Por este motivo, la ministra de Seguridad explicó que el “uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha generado una dependencia de los sistemas informáticos”, por lo que defendió que “la gestión estratégica de la ciberseguridad debe ser abordado de manera integral con la coordinación de políticas, medidas de protección y protocolos de respuesta”.

Finalmente, la titular de la cartera de Seguridad aclaró que la implementación del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad no representará ningún tipo de gasto presupuestario para la nación, para no entorpecer los objetivos económicos planteados por el Gobierno nacional.

Creación del Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad

 

Fuente: Infobae

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Tags: Dirección de Ciberdelito y Gestión Estratégica de la CiberseguridadPlan Federal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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