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La Nación comenzó con la privatización de parte de la “ruta del Mercosur”

En esta primera etapa, se centrará en seis vías pertenecientes al Corredor Vial 18, entre las cuales se incluyen tramos de las rutas nacionales 12 y 14.

15 enero, 2025

El Gobierno nacional comenzó con el proceso de privatización de las rutas nacionales y, en esta primera etapa, se centra en seis caminos que son parte de la “ruta del Mercosur” que atraviesa cinco provincias, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. 

Se trata de parte del Corredor Vial 18, que abarca rutas nacionales del NEA. La medida salió publicada este miércoles a través del decreto 28/2025 del Boletín Oficial.

La misma establece que algunas rutas que integran la red vial nacional serán licitadas en el plazo de 12 meses (un año) con el fin de “otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.

En este caso, son tramos del Corredor Vial 18, que está a cargo de Caminos del Río Uruguay (Crusa) y las rutas son las siguientes:

– Ruta 12 (desde Zárate a Ceibas y desde Ceibas hasta Gualeguay),

– Ruta 14 (desde Ceibas hasta Paso de los Libres),

– Ruta 135 (de Colón a General Artigas),

– Ruta A-015 (de Concordia a Represa Salto Grande),

– Ruta 117 (de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre la Argentina y Brasil)

– Ruta 174 (de Rosario a Victoria).

Las rutas nacionales 12 y 14 que atraviesan la provincia de Misiones, y a cargo de Corredores Viales SA, no fueron incluidas en esta primera etapa del proceso licitatorio, a pesar de ser muy solicitado por el empresariado misionero debido al mal estado de ambas vías.

“Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, incorporándose un nuevo tramo de la Ruta Nacional 12, entre las localidades de Ceibas (empalme con la Ruta Nacional 14) y el empalme con la Ruta Provincial 16, dando de esta manera continuidad a la ruta 12 hasta la localidad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos, y la calzada de rodamiento del Puente Internacional Agustín P. Justo hasta el límite internacional de la Argentina con Brasil, Ruta Nacional 117″, estableció el Gobierno.

Por otro lado, sostuvieron que “el Corredor Vial 18 es de suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el Mercosur, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.

También se facultó -a través del artículo 2- al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, a llevar adelante todo el llamado a licitación; dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir contratos; aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y demás documentación necesaria para la realización del proceso; organizar la comisión de concesiones; y calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones.

Por último, se señaló también que la licitación pública será nacional e internacional de los tramos de rutas de la Red Federal de Caminos, se realizará bajo el régimen de la Ley N° 17.520 y su objeto será la “conservación, mantenimiento, rehabilitación, explotación de infraestructura vial y la prestación de servicios públicos mediante el cobro de peaje sin canon”.

 

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  • La CEM cruzó al Gobierno nacional por el estado de la rutas en Misiones
Tags: Caminos del Río UruguayCorredor Vial 18NEAPrivatizaciónrutas nacionales
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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