La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación ante el reciente anuncio de Meta de eliminar su programa de verificación de datos y reemplazarlo por un sistema de “notas comunitarias”.
Para la SIP, la medida anunciada por la empresa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp representa un grave retroceso en la lucha contra la desinformación y contradice principios fundamentales recogidos en la Declaración de Salta II de la SIP, sobre principios de libertad de expresión en la era digital.
El principio 11 de la Declaración de Salta II plantea que “la diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados afecta la confianza pública y menoscaba procesos democráticos. Además de las responsabilidades de quienes emitan, distribuyan, amplifiquen o moneticen estos mensajes, se requiere adoptar políticas de alfabetización noticiosa y digital sobre el impacto de las tecnologías”.
Para la SIP, la decisión de Meta de resignar su responsabilidad directa en la verificación de información y delegarla exclusivamente en usuarios anónimos debilita los esfuerzos necesarios para combatir la propagación de noticias falsas, un problema que tiene impacto directo en la distorsión del debate público y, en consecuencia, afecta profundamente la calidad del sistema democrático.
Además, la SIP, una entidad que agrupa a más de 1.300 medios de comunicación de todo el continente aludió asimismo al principio 14 de la Declaración de Salta II, el cual establece: “Intermediarios tecnológicos así como desarrolladores de sistemas de IA y de otras tecnologías digitales deben respetar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades, fomentar la libertad de expresión y resistir presiones de gobiernos y grupos de poder. Deben implementar políticas de autorregulación para prevenir en sus plataformas maniobras de desinformación y la vulneración de derechos de terceros. Las normas de moderación y curación de contenidos deben ser claras y transparentes, permitir el ejercicio de los derechos de denuncia y revisión, y adecuarse a estándares internacionales de derechos humanos “.
El anuncio del CEO de Meta, Marck Zuckerberg, de reemplazar el control de desinformación por un modelo de “notas comunitarias” similar al utilizado por la plataforma X (anteriormente Twitter) carece de la transparencia y rigurosidad necesarias para garantizar que las normas de moderación y curación de contenidos se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. Por ello, este cambio no solo pone en riesgo los derechos de los usuarios, sino que también fomenta un entorno digital susceptible a la manipulación y el abuso. Genera, además, un precedente peligroso si otras plataformas adoptan políticas similares y, además, porque puede incentivar regulaciones estatales que en general se traducen en censura previa, violatoria de normas internacionales.
La decisión de Meta se suma a otras previas de la misma empresa en las que desjerarquizó o penalizó los contenidos periodísticos generados por medios profesionales, el principal antídoto contra la desinformación. Fue lo que sucedió con el bloqueo de las noticias en sus productos en Canadá tras la sanción de la ley de protección del copyright en ese país; con la modificación de sus productos para minimizar las noticias verificadas, y con la eliminación de sus programas de impulso al periodismo en el ecosistema digital.
“La desinformación es una de las principales amenazas para la confianza pública y la estabilidad democrática. La decisión de Meta de eliminar la verificación profesional en sus plataformas debilita un elemento crucial en la lucha contra este problema y deja un vacío que difícilmente podrá ser llenado por un modelo basado en usuarios anónimos”, declaró José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y CEO y director de La Prensa Gráfica, de El Salvador.
Por su parte, Carlos Jornet, segundo vicepresidente de la organización y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, subrayó: “Esta medida contradice los principios fundamentales de la Declaración de Salta II, que exige políticas claras, transparentes y basadas en estándares internacionales para combatir la desinformación”. Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, afirmó: “Meta está enviando una señal equivocada en un momento en el que el compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos debe ser fortalecido, no debilitado”.
La Declaración de Salta II fue aprobada en el cierre de la Asamblea General de Córdoba, el 20 de octubre pasado. La actualización adapta el texto original a nuevos retos que enfrenta la libertad de prensa en el nuevo entorno digital.
Entre los temas clave que aborda esta nueva versión destacan la inteligencia artificial; la opacidad de los algoritmos, que puede fomentar la polarización y la difusión de desinformación, minando así el debate público; las disrupciones comerciales generadas por las grandes empresas tecnológicas, que concentran el mercado de la publicidad, y el derecho de propiedad intelectual, cuyo respeto es fundamental para la viabilidad económica del periodismo.
El proceso de actualización de la Declaración de Salta fue un esfuerzo colectivo que involucró una amplia consulta, mediante la convocatoria a más de 150 personas y organizaciones representantes de medios, empresas tecnológicas y de comunicación internacionales, centros de pensamiento, organizaciones intergubernamentales de derechos humanos, la sociedad civil, académicos, periodistas y abogados, para que aportaran insumos.
