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El boleto urbano de transporte en Posadas aumentaría 25%

Sería en una sola vez. La suba podría implementarse antes de fin de enero. Se trabaja en el decreto respectivo para poder definir los valores del Sistema Integrado que administra la Provincia de Misiones.

6 enero, 2025
MÁS CARO. El boleto urbano de Posadas tendrá un incremento en el costo para los pasajeros.

MÁS CARO. El boleto urbano de Posadas tendrá un incremento en el costo para los pasajeros.

Luego de la realización de la Audiencia Pública establecida por ordenanza municipal, la comuna capitalina comenzó a trabajar en el instrumento legal que dará pasó al primer incremento del boleto urbano del transporte público de pasajeros.

Antes del pasado viernes, fecha en la que se escuchó a los representantes del Grupo Z que manejan más del 85% del servicio en Posadas, funcionarios municipales habían admitido que los nuevos valores se ubicarían en alrededor de $1.000.

PRIMERA EDICIÓN pudo saber que el decreto de aprobación de la actualización tarifaria establecería un 25% de aumento, tanto con las modalidades electrónicas (Sistema Único de Boleto Electrónico -SUBE-; como con el código QR de la billetera virtual que tiene el mismo Grupo Z a través de Servicios Urbanos).

En los cálculos, ese porcentaje de aumento se convierte en poco más de 212 pesos que, sumados al valor actual de $850 con SUBE o QR, llega a un total de $1.062.

Las mismas fuentes consultadas por este Diario indicaron que la indicación política es aplicar cifras redondas por razones de operatividad. Por ello, el precio del boleto podría alcanzar los $1.100 con los sistemas electrónicos.

Respecto a la tarifa urbana de Posadas sin SUBE o QR, que actualmente está en $1.100, el cálculo del incremento da 275 pesos, por lo que debería alcanzar los $1.375. Nuevamente, si la directiva de redondear se aplica en la próxima normativa, ese boleto en efectivo pasaría a costar entre $1.300 y $1.400.

Cabe recordar que tanto el municipio posadeño como la provincia de Misiones sostendrán o incrementarán los subsidios destinados al boleto de colectivos, para negociar con el Grupo Z y el Grupo H (que tomó las pocas líneas que dejó Bencivenga).

En la última Audiencia Pública, Facundo Zárate del Grupo Z fijó la tarifa técnica del pasaje en $3.384,50. Llevarlo a ese monto sería completamente irracional para el contexto que tiene el país.

Las fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, admitieron que la aplicación de la suba llegaría antes de fin de mes. “Se cree que el decreto saldría en los próximo 10 días, antes del 20 de enero podría ser para poder adecuar los sistemas”, explicaron.

La última actualización tarifaria se había aprobado en agosto de 2024, cuando el urbano con SUBE pasó de $650 a $850.

 

Tres millones de validaciones 

El pasado viernes, cuando se puso a consideración de los usuarios y funcionarios el pedido de incremento del boleto urbano de Posadas, la comuna capitalina brindó algunos datos del actual servicio.

Aportó que, por ejemplo, el sistema de transporte urbano metropolitano alcanza un promedio mensual de 2 millones de kilómetros recorridos y 3 millones de validaciones. 

Lucas Jardín, secretario comunal de Movilidad Urbana, destacó que “un 56% de los usuarios son beneficiarios de programas sociales, como el Boleto Estudiantil Gratuito, trasplantados y mayores de 70 años”, evidenciando un crecimiento del 4% en beneficiarios respecto al 2023.

El funcionario contó que se han extendido líneas y creado nuevos ramales para mejorar la conectividad en barrios como Itaembé Guazú e Itaembé Miní.

Por ejemplo, el ramal 30 Costa Sur y el ramal 87 Prosol: “Se han ajustado para responder a las necesidades de los vecinos”.

También se refirió a los trabajos que se realizan en la zona oeste: “La nueva Estación de Combinación en construcción vinculará de forma directa Itaembé Guazú, Villa Cabello, Santa Rita y el microcentro”.

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Tags: #PosadasAumentoBoletoColectivoGrupo ZTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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