La ex primera dama Fabiola Yañez presentó su renuncia a la custodia oficial en Madrid, España, a través de un escrito enviado al juez por su abogada, Mariana Gallego. Esta decisión llega tras las críticas del gobierno de Javier Milei, que había iniciado acciones judiciales para retirarle dicho beneficio, alegando un “sin sentido” en mantener ese recurso.
El documento presentado por Gallego, según precisó el diario Clarín, indica que la custodia le fue otorgada cuando Yañez decidió mudarse a Madrid con su hijo, Francisco. “Posteriormente, la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género”, señala el escrito.
La decisión de Yañez, según explicó su abogada, responde a su intención de “continuar su vida normal” en España. “Esta decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional. En caso de un eventual incidente, recurrirá a la justicia española o al juzgado correspondiente”, precisó el texto.
La noticia se produce en medio de la polémica generada por fotografías de la ex primera dama durante una cena de fin de año en el exclusivo restaurante La Única, en Madrid, donde el cubierto ronda los 250 euros por persona. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Yañez habría “escapado de la custodia” esa noche y no respondió a las llamadas de los empleados encargados de su seguridad.
“El día 31, la señora Yañez dijo que no iba a salir y se escabulló de la custodia, que se enteró por una foto en Instagram de que estaba en un lugar”, denunció Bullrich. “Luego atendió y les dijo ‘bueno, si quieren me vienen a buscar'”, añadió.
Previo a la renuncia de Yañez, Bullrich había adelantado que su equipo preparaba un informe de riesgo para el juez Julián Ercolini, quien debía resolver sobre la continuidad de la custodia. El presidente Milei también había solicitado públicamente la revisión de este beneficio, calificándolo de innecesario en sus redes sociales.
Por último, la abogada de Yañez aclaró que la ex primera dama nunca solicitó de manera explícita la custodia, señalando que estas decisiones le fueron impuestas “en su rol de primera dama”.
Esta renuncia marca un nuevo capítulo en el debate sobre los privilegios otorgados a ex funcionarios y sus familias, con implicancias tanto políticas como judiciales.
