Dos concejales de San Javier denunciaron presuntos delitos que comprometen a autoridades y funcionarios vinculados a la Cooperativa de Servicios Públicos y Producción San Javier Ltda. Las acusaciones, realizadas por las ediles Lucía del Carmen Mottard y Mirta Isabel Barrios, fueron formalizadas ante la fiscal María Gisela Casafus de Castro.
Entre los hechos denunciados figuran falsificación de documentos, malversación de fondos y posibles conflictos de intereses, lo que ha generado un fuerte reclamo de transparencia y justicia por parte de las funcionarias.
Falsificación de documentos
El primer caso denunciado se vincula con hechos ocurridos el pasado 26 de octubre, durante una asamblea de la Cooperativa. Según el relato de las denunciantes, se habría constatado la confección de al menos 87 poderes falsos destinados a habilitar votos por representación en la asamblea.
Los documentos apócrifos, presuntamente completados en la puerta del lugar donde se desarrollaba la reunión, “contenían firmas y sellos que imitaban la certificación de la autoridad policial local, el comisario Esteban Espíndola”.
Sin embargo, aseguran que Espíndola no estuvo presente en el lugar y, además, que la certificación de firmas debían realizarse exclusivamente en la sede de la comisaría y en los horarios habilitados, lo que reforzaría la irregularidad denunciada.
Las denunciantes remarcaron que este accionar no solo constituye una falsificación de un instrumento público, sino que también habría alterado el normal desarrollo de la asamblea al influir en la toma de decisiones con votos obtenidos de manera fraudulenta, hechos que se encuadrarían en los delitos contemplados en los artículos 292 y 296 del Código Penal.
El artículo 292 establece penas de prisión de uno a seis años para quienes falsifiquen documentos públicos o alteren documentos verdaderos, mientras que el artículo 296 castiga a quienes utilicen estos documentos falsificados. En la denuncia, las concejales firmantes aseguraron que adjuntaron copias de los poderes cuestionados, actas de la asamblea y registros audiovisuales que documentan lo sucedido.
Segunda denuncia
La segunda denuncia presentada expone dos hechos distintos, relacionados con el manejo irregular de los fondos de la Cooperativa.
El primero involucraría al tesorero de la Cooperativa, Claudino González, quien habría utilizado recursos de la entidad para la compra de materiales de construcción “que luego fueron destinados a una obra particular en su domicilio”.
De acuerdo con los denunciantes, la Cooperativa habría adquirido los materiales el 29 de agosto de 2024 en la empresa Famacon Alem SRL y la compra habría quedado registrada en dos facturas tipo “A” por un monto total de $978.897,43. Los materiales habrían sido transportados al domicilio del tesorero, donde habrían sido utilizados para construir un alero en el frente del inmueble, donde actualmente funcionaría un emprendimiento personal.
Factura millonaria
El segundo hecho mencionado en esta segunda denuncia involucra al jefe de Obras Públicas de la Municipalidad de San Javier, Sebastián Hugo Antúnez, quien habría facturado a la Cooperativa la suma de $5.009.400 por un supuesto servicio de movimiento de suelos realizado el 30 de agosto de 2024.
La denuncia sostiene que Antúnez “carece de la maquinaria necesaria para realizar una obra de esa envergadura”, lo que las llevó a plantear dos hipótesis: o bien el trabajo nunca se realizó y la factura sería ficticia, o bien se habría llevado a cabo utilizando maquinaria y combustible pertenecientes al Municipio, lo que implicaría un uso indebido de recursos públicos.
De corroborarse estas irregularidades, los hechos podrían encuadrar en distintos delitos previstos en el Código Penal, entre ellos defraudación (artículo 173) y malversación de caudales públicos (artículos 260, 261 y 262).
Reclamo de justicia
Según los denunciantes, este tipo de maniobras fraudulentas afectan directamente los recursos que pertenecen a toda la comunidad, ya sea a través de la Cooperativa o del Municipio.
En esa línea, afirmaron que la magnitud de las acusaciones y la naturaleza de los hechos denunciados generaron una profunda indignación en parte de la comunidad de San Javier.
En el marco de la denuncia, se habrían presentado pruebas documentales, fotografías y videos que respaldan las acusaciones. Asimismo, se ofreció el testimonio de los firmantes para ampliar detalles sobre los hechos.
Las concejales Mottard y Barrios, quienes impulsaron las denuncias, señalaron que buscaron previamente abordar estas irregularidades en el ámbito legislativo municipal, proponiendo la conformación de una comisión investigadora, pero la iniciativa fue rechazada por la mayoría del Concejo Deliberante.
La intervención de la Fiscalía será crucial para determinar la veracidad de los hechos denunciados y, de ser necesario, llevar a los responsables ante la Justicia. Mientras tanto, la comunidad de San Javier espera respuestas claras y contundentes que pongan fin a estas prácticas que, según los denunciantes, minan la confianza en las instituciones locales.
“La votación con poderes se hizo respetando el estatuto”
Ariel Olivera, presidente de la Cooperativa de Agua de San Javier, respondió a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la última Asamblea de la entidad. Según explicó a PRIMERA EDICIÓN, se convocó a un veedor de la Dirección de Cooperativas para garantizar la legalidad del proceso.
En relación a los poderes de votación, Olivera explicó que el estatuto permite que cada socio lleve hasta dos poderes. “Hace diez años se hizo una Asamblea Extraordinaria y se aprobó votar con poderes. Eso no se puede anular sin modificar el estatuto”, subrayó.
Frente a los cuestionamientos sobre la validez de los poderes, añadió: “Ellos decían que no servían, pero están aprobados por Asamblea. Si los anulamos, otro socio podría reclamar que no se respetaron las reglas”.
Sobre el balance presentado, aseguró que se aprobó en tres instancias: “Pregunté dos veces si se aprobaba y luego una tercera para confirmar. Nadie manifestó oposición”.
También anticipó la necesidad de actualizar el estatuto de la cooperativa. “Les dije que después de esta Asamblea, en uno o dos meses, llamaríamos a una extraordinaria para tratar los puntos que consideren desactualizados. Eso requiere trámites con la Dirección de Cooperativas y el INAES, y debe estar respaldado por un abogado”, concluyó.
Para el titular de la cooperativa, la denuncia proviene de un grupo que busca “politizar la cooperativa” y romper con la armonía partidaria que, según Olivera, predomina en la actual conducción.
Respecto a los hechos presentados en la segunda denuncia, advirtió que no está interiorizado de qué se trata y que convocará al asesor legal de la cooperativa para ver cómo avanzar con los dos casos. En el caso de la compra de materiales, dice que la parte contable lo lleva tesorería, pero que deberá averiguar si se realizó tal compra. Por otra parte, reconoció que se realizó un movimiento de suelo, pero desconoce los detalles del contrato de prestación de servicio.
