Un funcionario de la delegación Posadas de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) fue condenado ayer a un año de prisión en suspenso por solicitarle dinero a una madre que intentaba actualizar sus trámites en el Sistema Unificado de Asignación Familiar (SUAF).
Minutos antes de las 16 de ayer, el posadeño Cristian Daniel Rafael Lohaiza (38) firmó un acuerdo de juicio abreviado ofrecido por el fiscal coadyudante federal, Pablo Ricardo Di Loreto, por el monto de pena mencionado y dos años de inhabilitación para ocupar un cargo público y una multa mínima como autor de los delitos de “exacciones ilegales (coimas), previsto en el artículo 266 del Código Penal Argentino, en concurso ideal con incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público, artículo 249”.
Lohaiza admitió su autoría instantes previos a que se iniciara la primera audiencia de debate que lo tendría en el banquillo de los acusados ante los jueces Fabián Gustavo Cardozo, presidente, Manuela Alberto Jesús Moreira y Enrique Jorge Bosch (subrogante).
La causa se inició en abril de 2017 luego de la denuncia penal de una joven quien aseguró que se presentó en la UDAI (Unidad de Atención Integral) de la ANSeS en esta capital para realizar los trámites referentes para poder cobrar las asignaciones familiares que le corresponderían para sus hijos.
Según la denunciante, Lohaiza le requirió un monto de dinero para “agilizar los papeles” y que la beneficiaria pudiera retirar los fondos respectivos. La causa desde hace siete años no tuvo resolución en la maraña de las acciones y recursos legales de la defensa particular.
Las circunstancias del hecho iban a ser debatidas ayer en el TOF Posadas con cinco testigos citados a declarar, la mayoría jefes y compañeros de labores en la ANSeS en ese momento. Además del relato previsto de la víctima y denunciante. El acuerdo ofrecido por el fiscal Di Loreto fue analizado por Lohaiza y su defensora particular, María Laura Alvarenga y presentado con la rúbrica puesta al momento de iniciarse el debate.
Los jueces procedieron a sentar en el banquillo de los acusados al funcionario y realizar la entrevista respectiva, la audiencia de visu sobre los alcances de los delitos y condena que reconocía. El encartado fue corto y preciso: “Reconozco mi culpa y ratifico ese monto de pena”.
Admitió también, entre los datos que le solicitó el juez Cardozo, que trabajaba en la “UDAI-Posadas” y que su ingreso salarial mensual es de 1,5 millones de pesos. También afirmó que respetará la sentencia cumpliéndola sin violar los límites impuestos de buena conducta, no consumir en exceso alcohol y drogas y tampoco concurrir a salas de juegos y apuestas.
Los fundamentos expuestos por el fiscal Di Loreto y la ratificación de la defensa sobre la conformidad del juicio abreviado, completaron el acto y, como lo prevé el artículo 431 Bis del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal admitió el acuerdo de condena.
