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Diputados aprobará esta semana un proyecto para combatir la ludopatía

Los diputados decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el patrocinio de equipos de fútbol, ante el alarmante crecimiento de las apuestas entre adolescentes y jóvenes

25 noviembre, 2024

La Cámara de Diputados se apresta a aprobar este miércoles el proyecto para discutir una norma que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar.

Los diputados decidieron avanzar en una ley para limitar la publicidad en redes sociales y medios de comunicación, así como el sponsoreo de equipos de fútbol, ante el crecimiento de las apuestas de los adolescentes y jóvenes con números alarmantes.

Otro punto central es que prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas, de pronósticos y apuestas deportivas en línea.

El debate, pactado para este miércoles a las 12, se realizará en medio de una fuerte presión de las empresas de apuestas para que no se trate esa iniciativa, según denunció la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade.

De todos modos, es voluntad de la mayoría de los bloques de dar quórum para tratar este proyecto, ante el avance de esa adicción en los jóvenes que hoy no tienen restricciones para acceder a una plataforma de apuestas.

Si bien la sesión fue solicitada por la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la izquierda, tanto Unión por la Patria como el PRO, la UCR y LLA, anticiparon que darán quórum para habilitar este debate.

Frade dijo que en la votación del próximo miércoles “se sabrá quien es quien” y añadió: “Paremos las apuestas en línea y en el deporte. Paremos con la publicidad que invita a un camino sin retorno. Por la salud de todos/as”.

A lo largo del debate los empresarios dedicados a los juegos de azar expresaron su rechazo a estas iniciativas, y en la última semana mandaron una nota a los bloques políticos para que se no avance en la regulación establecida en los dictámenes de mayoría y minoría.

Frade difundió una carta dirigida a los bloques políticos de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) para que no se trate ese proyecto al considerar que es inconstitucional ya que sostiene que avanza sobre la autonomía de las provincias.

En ese sentido sostiene que el proyecto “es manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de nuestra república se han considerado como no delegadas por las Provincias a la Nación”.

Si bien existen diferentes aún diferencias entre las propuestas de la CC, que respaldan UP, EF, los radicales de Democracia y la izquierda, y del PRO, apoyada por LLA y la UCR, no se descarta que pueda alcanzarse un consenso entre los diferentes dictámenes.

Las principales diferencias entre los dictámenes están con los límites vinculadas con la prohibición de la publicidad.

 

Dictamen de mayoría 

El dictamen de mayoría prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etc.

Al respecto el dictamen de mayoría prohíbe la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers, de programas infomerciales y/o la publicación onerosa o no, de testimonios de deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública o personajes de ficción.  Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

Sobre el uso billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito.

También se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.

Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.  

En otro tramo del proyecto se establecen sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.   Por ejemplo, se incrementan las penas del artículo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.

(Fuente: NA)

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Tags: CongresodiputadosLudopatía
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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