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Condenan a Cooperativa de Puerto Rico a pagar casi $100 millones por operario electrocutado

La Justicia consideró a la Cooperativa Luz y Fuerza responsable por tener cables de media tensión sin preensamblado ni carteles de advertencia, “casi pegados” a un edificio en construcción.

24 noviembre, 2024
UNA DÉCADA DESPUÉS. El incidente tuvo lugar en agosto del 2014 y el 2 de agosto de este año el fallo tuvo lugar luego de un extenso proceso.

UNA DÉCADA DESPUÉS. El incidente tuvo lugar en agosto del 2014 y el 2 de agosto de este año el fallo tuvo lugar luego de un extenso proceso.

El Juzgado Civil y Comercial de Puerto Rico condenó a la Cooperativa Eléctrica de la ciudad a pagar casi cien millones de pesos de indemnización a la esposa y los cuatro hijos de un trabajador que falleció electrocutado mientras realizaba tareas en un edificio en construcción y habría sido alcanzado por una línea de media tensión situada en la vereda, sobre la avenida 9 de Julio.

El hecho ocurrió el 11 de agosto de 2014 alrededor de las 9 de la mañana y el fallo tuvo lugar el 2 de agosto luego de un extenso proceso judicial. La entidad se encuentra asegurada para cubrir esos hechos pero igualmente apeló el fallo a segunda instancia. Mientras tanto, el tendido eléctrico que habría sido causante del trágico accidente sigue estando en el mismo lugar y en las mismas condiciones.

El hecho se produjo mientras la víctima, identificada como José Ignacio Borjas, se encontraba manipulando un perfil metálico en un edificio en construcción y tocó un cable de media tensión ubicado en la vereda, calcinándose en forma inmediata. La Cooperativa argumentó en su defensa que el accidente fue a causa de la manipulación de un taladro y la instalación eléctrica de la obra, no teniendo ninguna relación con el tendido de la calle.

En el fallo, el juez Gastón André Navarre, expresa que la Cooperativa resulta responsable del accidente que provocara el fallecimiento por electrocución del señor Borjas.

El fallo expresa: “La sentencia Del marco probatorio se ha podido demostrar que: el tendido de la línea de media tensión consistente de 4 cables desnudos, no cumplía con las distancias mínimas horizontales y verticales requeridas por la Resolución 444/2006 del ENRE, cuyo tendido se encontraba prácticamente pegado al edificio sin el preensamblado correspondiente, lo cual eventualmente haber atenuado la probabilidad de ocasionar un daño”.

Por otra parte, “en el expediente no se ha demostrado causal que justifique la disposición del tendido eléctrico a una distancia menor a la requerida, lo que implica una actividad riesgosa en sí misma”.

Además, no se ha podido demostrar lo que argumentó la Cooperativa en su defensa: “La parte demandada no ha probado la causa alegada en su contestación de demanda, esto es, que la descarga provino de una instalación eléctrica deficiente del edificio como así tampoco que el señor José Ignacio Borjas (la víctima) se encontraba manipulando una perforadora”.

“Por consiguiente, la Cooperativa – dueña y guardiana de las líneas eléctricas y responsable de la prestación del servicio- omitió los deberes de seguridad, prevención e inspección a su cargo, tratándose – reitero- de una actividad que es en sí misma riesgosa”, remarca el texto.

“Frente a una actividad riesgosa de la cual puede resultar un daño a terceros existe una obligación ineludible de vigilancia cuidado y control en la prevención del daño”, agrega.

En un párrafo reflexivo, la sentencia expresa que “si la Cooperativa realizara la inspección correspondiente del tendido eléctrico y las condiciones en las cuales se encuentra, adoptando medidas de seguridad como colocación de carteles de advertencia o bien la sustitución por cables preensamblados, el riesgo se verá aminorado y su actividad resultará segura y acorde con el servicio que tiene a su cargo”.

Y determina en forma contundente que: “Tratándose de una actividad riesgosa, la Cooperativa debe responder por el riesgo o vicio de la cosa con la cual se ocasionó el daño (línea de media tensión) de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, segunda parte del Artículo 1113 del Código Civil”.

Luego de examinar las pruebas el juez determinó aplicar una indemnización total de $97.683.520,90, que se divide entre los cinco familiares de la víctima. A Gladys Liliana Verbes (cónyuge) y sus hijos Matías, Marcos, Darío e Ivana, que al momento del accidente tenían 12, 15, 13 y 7 años respectivamente.

Desde que salió la sentencia, por parte de la Cooperativa no dieron ninguna respuesta a pesar de que la sentencia la obligaba “a abonar dentro de los diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución”.

Se supo que la entidad presentó una apelación y se ordenó la elevación de la causa a la Cámara de Apelaciones de Puerto Rico donde intentará revertir la sentencia. Todavía quedaría la tercera vía del Superior Tribunal de Justicia.

Jorge Wolhein, abogado de la familia demandante, explicó que “el proceso judicial, que inició con la esperanza de encontrar justicia y reparación, concluyó recientemente con una sentencia en primera instancia que declaró la responsabilidad de la demandada Cooperativa de Luz Libertador General San Martin Ltda”.

“La resolución impone una indemnización monetaria en favor del grupo familiar, pero, a pesar de este fallo que se encuentra apelado, la familia denuncia que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de compensación u ofrecimiento económico ni soluciones concretas”, agregó.

Por último, expresó que “una familia aún espera reparación tras este trágico siniestro” y agregó que “a pesar del fallo judicial que establece responsabilidades, la familia afectada sigue enfrentando años de lucha sin recibir compensación ni solución, desde hace más de diez años”.

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Tags: #OperarioCooperativa Eléctrica Puerto Ricomurió electrocutado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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