La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, está bajo escrutinio en el gobierno de Javier Milei. Según trascendió, se analizan modificaciones que van desde reducir el tamaño de los octógonos negros en los envases de alimentos hasta la derogación completa de la norma, sancionada en 2022 durante el mandato de Alberto Fernández.
La ley, que busca advertir sobre el exceso de azúcares, grasas y sodio en productos ultraprocesados, generó resistencias desde su implementación, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, debido a los costos adicionales de adaptación. Alejandro Bongiovani, diputado del PRO, calificó la norma como “un caso de intervencionismo estatal excesivo” que, según él, afecta tanto a las empresas como a los consumidores.
Argumentos a favor de la derogación
Bongiovani sostiene que la ley “limita la libertad de las empresas y subestima la capacidad de decisión de los consumidores”.
En su proyecto, también destaca que la normativa genera desventajas competitivas frente a grandes corporaciones y productos importados, además de incrementar la burocracia en el proceso productivo.
Críticas desde el sector de la salud
Especialistas en nutrición cuestionaron la iniciativa para derogar la ley. Leila Guarnieri, investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón, advirtió que los argumentos del proyecto “carecen de respaldo en datos comprobables” y minimizan la relevancia de la malnutrición como problema de salud pública.
Guarnieri recordó que la ley fue resultado de un amplio debate legislativo y se basa en evidencia científica. Además, citó estudios que muestran cambios en los hábitos de compra tras su implementación, con una disminución en el consumo de productos etiquetados como no saludables.
(Fuente: Iprofesional)
