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El Gobierno derogó cerca de 20 resoluciones en Agricultura

El ministro de Economía dio de baja el fideicomiso aceitero, la declaración jurada exigida para las exportaciones de carne y el programa Lanar, entre otras normativas.

5 noviembre, 2024

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, avanzó este martes con la derogación de una serie de resoluciones vinculadas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la Resolución 1129/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Entre los instrumentos normativos que se dieron de baja, están el fideicomiso aceitero, la declaración jurada exigida para las exportaciones de carne, el programa Lanar y el de fortalecimiento del sector aviar, un plan de fomento agrícola y hasta una unidad de perspectiva de género que se había creado dentro de la cartera agrícola, entre otras.

En el texto oficial se argumentó la batería de derogaciones asegurando que “resulta indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado Nacional, los productores, los exportadores e importadores”.

En ese sentido, el Gobierno consideró que “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia” en el contexto actual era necesario avanzar en la eliminación de ciertas normativas “a efectos de coadyuvar a un nuevo ordenamiento de las resoluciones y disposiciones reglamentarias que atañen al comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente”.

 

Las normas que fueron derogadas

La Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), que exigía la registración previa de los envíos al exterior de los productos cárnicos y sus subproductos dejará de estar vigente oficialmente, a partir de la derogación de la Resolución Conjunta 3/2021 y la Resolución 301/2021.

Quedó sin efecto la Resolución Conjunta 1/2022 que creaba el fideicomiso aceitero “con el objetivo de solventar el pago de compensaciones a aquellos productores y abastecedores de aceites refinados de soja, girasol y/o sus mezclas comestibles destinados al mercado interno para consumo final”.

Asimismo, se eliminó el Plan Argentina 25MT, derogando la Resolución 113/2022, que tenía “el objeto de fomentar un incremento en la producción agrícola que permita alcanzar una producción de trigo de 25.000.000 de toneladas, e incrementar la transformación a 9.000.000 de toneladas y la exportación a 16.000.000 de toneladas”, buscando alcanzar la “producción sostenible, transformación y exportación de trigo y sus subproductos”.

Al mismo tiempo, se dieron de baja el programa Lanar y el programa de Fortalecimiento Productivo Argentino – sector Aviar, a través de la derogación de las Resoluciones 11 y 100/2023, respectivamente.

Asimismo, se suprimió la Resolución 216/2020, que impulsaba la “Iniciativa 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres”, que consistía “en organizar y poner en funcionamiento una metodología de trabajo y coordinación de áreas de estudio para la elaboración de alternativas consensuadas de políticas públicas, no vinculantes, orientadas a alcanzar un incremento de la producción agrícola”, con el fin de que dicho aumento genere “nuevas inversiones y puestos de trabajo, el agregado de valor”, junto con “un aumento en las exportaciones e ingreso de divisas suficiente para favorecer la estabilización de la economía”.

Por otro lado, se dispuso la eliminación de la Unidad de Vinculación Académica de Agricultura, al derogar la Resolución 68/2022, que tenía por objetivo “constituir una instancia de articulación, nexo y gestión entre las diversas áreas del Ministerio con el Ministerio de Educación, las Instituciones Universitarias y las Escuelas Agrarias, Agropecuarias, Agrotécnicas y/o Agroindustriales del país”.

De igual manera, se dio de baja la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género, derogando la Resolución 228/2020, que tenía como objetivo “conformar una instancia de gestión que permita el tratamiento de dicha temática desde diversos ámbitos a los fines de promover la igualdad de géneros”.

También se derogó la Resolución 42/2020, eliminando un modelo de inscripción y DDJJ para el transporte interjurisdiccional de trabajadores relacionados a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

Además, se canceló la aprobación de parámetros para la asignación futura de la cuota anual de carnes bovinas deshuesadas, fresca, enfriada o congelada, a través de la derogación de la Resolución 281/2020. Mientras que de igual forma se dejó sin vigencia la distribución de productos lácteos y derivados a Colombia y Venezuela, junto con la asignación de las toneladas de carne a exportar a Estados Unidos y Colombia, al dejar sin efecto las Resoluciones 11/2021, 4/2020, 13/2022 y 4/2022.

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Tags: #AgriculturaGobierno nacionalLuis Caputo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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