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Presupuesto 2025: uno por uno, los ejes que marcan el pulso de las negociaciones entre la oposición dialoguista y el Gobierno

El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga la política de superávit fiscal del gasto primario.

2 noviembre, 2024
Imagen ilustrativa

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Las transferencias a las provincias, el aumento a las Universidades, la ley de Financiamiento Educativo y las obras públicas son los principales puntos de las negociaciones que realizaban por estas horas en el Congreso Nacional el oficialismo y bloques dialoguistas a fin de acordar el Presupuesto 2025.

La bancada de la Libertad Avanza tiene la intención de sancionar la denominada “ley de Leyes” en la Cámara de Diputados el próximo 27 de noviembre, y tener dictamen de comisión a mediados de este mes, según indicaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Para cumplir esquema de trabajo, el oficialismo viene manteniendo reuniones con los bloques dialoguistas que están dispuestos a estampar su firma en el despacho de mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Las negociaciones entre la LLA, el PRO, MID, y la UCR se viene realizando desde los primeros días de octubre con reuniones semanales, pero ahora comenzaron a intercalar propuestas sobre las demandas que tiene cada fuerza política para respaldar el proyecto del Gobierno nacional.

Las conversaciones también incluyen a Innovación Federal y la Coalición Cívica y Encuentro Federal, pero aquí surge el problema que la bancada, que conduce Miguel Pichetto, quiere avanzar con un dictamen propio y eso complicaría al oficialismo para tener un despacho de mayoría.

A este se suma que el Ejecutivo también deberá sentarse a conversar con los radicales disidentes agrupados en Democracia para Siempre, que tiene una docena de legisladores, pero siempre han sido muy críticos con la política oficialista.

En esas negociaciones que encara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto al presidente de la comisión José Luis Espert, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los opositores amigables con la LLA piden una suba de transferencias a las provincias, aumento para las Universidades, obras públicas, y mantener la ley de financiamiento docente.

El oficialismo pone como condición para acceder a introducir cambios que se mantenga su política de superávit fiscal del gasto primario.

Las negociaciones se realizan en paralelo con el Senado de la Nación, e incluso esta semana hubo una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, Guberman, los senadores oficialistas Ezequiel Atauche, y Bartolomé Abdala, con senadores de la UCR y Provincias Unidas.

Fuentes de la UCR plantearon que si el Gobierno no subsidiará más el transporte del interior del país, el porcentaje del Impuestos a los Combustibles que se asignaba a esa partida se incorpore a la masa coparticipable para que las provincias asuman ese gasto.

También piden ahora que la AFIP no existirá y tendrá una estructura gerencial más pequeña que el 1,9 por ciento de la recaudación que se utilizaba para ese fin, también se incorpore una parte a la masa coparticipable.

Otro punto que están discutiendo que el 1 por ciento de la recaudación destinado a ATN también se distribuya a las provincias que tendrán que hacerse cargo del transporte y educación con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente.

Estas propuestas no solo fueron planteadas por la UCR, sino por otros bloques dialoguistas, de que si la Nación no ayudará ni asistirá al transporte del interior -solo lo hará en el AMBA- que por lo menos sume más fondos para que puedan hacerse cargo las provincias.

Otro de los reclamos es que se terminen las obras que ya están ejecutadas en un 80 por ciento, en especial aquellas vinculadas a grandes emprendimientos de infraestructura.

Un tema candente de la negociación es el aumento de los recursos para las Universidades que es reclamado por todas las fuerzas opositoras, incluidos los aliados más cercanos que tiene el Gobierno como el PRO.

Sobre este punto, el Gobierno estuvo a punto de anunciar un incremento en las Universidades a cambio de disminuir los recursos destinados al financiamiento docente, pero no hubo acuerdo en este punto con el PRO.

El incremento a las Universidades iba a ser anunciada en una conferencia de prensa que luego el oficialismo suspendió. El Consejo de Rectores, agrupados en el CIN, quiere que recursos por un total de 7,2 billones de pesos, y el Gobierno estableció en el Presupuesto una partida de 3,8 billones de pesos, y todos creen que finalmente será de 5 billones de pesos.

Pero alcanzar ese monto se debe achicar los fondos asignados a otros destinos ya que el Gobierno señaló que “no se negocia el equilibrio fiscal” primario, con lo cual cada aumento debe ser compensado con la baja de otro gasto.

Por eso esta semana que no está previsto realizar ninguna reunión informativa, se buscará entre el oficialismo y los bloques dispuestos a acompañar al Gobierno, cerrar todos los acuerdos que permitan el 12 de noviembre emitir el respectivo dictamen de minoría.

La UCR, CC, y Encuentro Federal tienen otros reclamos que son más complejos para resolver como es que se incluya el aumento del 8 por ciento para los jubilados para compensar la inflación de enero como estaba en la ley vetada.

Fuentes parlamentarias creen que será más difícil acordar con el Gobierno cualquier reforma en los artículos sobre la actualización para los jubilados, que en los referidos a las Universidades.

También existen demandas de los bloques dialoguistas sobre las cajas previsionales, los fondos para cumplir con la ley de Bosques, que se mantenga la ley de Financiamiento Docente, y que se avance con el plan de obras que ya está avanzando en las provincias.

Otro punto que será motivo de debate es el de los gastos tributos que para el año 2025 alcanzan $27.025.062,8 millones, que equivale a 3,54% del PBI, de los cuales 3.321.123,9 millones corresponden a fondos de compensación, y el resto a exenciones impositivas como el caso de los jueces que no pagan ganancias.

Para el oficialismo es central que respalden la “ley de leyes” los bloques del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, ya que la LLA solo tiene 39 legisladores propios.

Y otros aliados firmes como el MID-un desprendimiento del oficialismo-que tiene 3 miembros, 3 del Bloque Independencia, y uno de CREO.
Con estos aliados permanente alcanza los 44 legisladores con lo cual necesita unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar cada artículo del proyecto que establece gastos y recursos del 2025.

Los acuerdos son entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no solo son centrales para tener los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados de los cuales, la LLA tiene 6 miembros y MID 2, el PRO 7; UCR 5; 2 Encuentro Federal; Democracia Federal 2; Innovación Federal 2; Producción y Trabajo 1; y 1 Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria tiene 20 y la izquierda 1.

Para tener mayoría debe reunir al menos 22 firmas para tener un número superior a Unión por la Patria y la izquierda que vienen firmado juntos los dictámenes, aunque algunos bloques lo hagan en disidencia parcial.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #economíaArgentinaCoalición CívicaEncuentro FederalLLApresupuesto 2025UCR
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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