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Ante la falta de anticonceptivos, se priorizará al sector más vulnerable

La Nación está enviando menos de la mitad de los anticonceptivos necesarios para cubrir la demanda de los centros de salud, en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

5 octubre, 2024
MENOS DEL 4%. Los preservativos que llegaron a la provincia representan el 3,75% de la cantidad anual prevista.

MENOS DEL 4%. Los preservativos que llegaron a la provincia representan el 3,75% de la cantidad anual prevista.

En lo que va del año, el Gobierno nacional redujo drásticamente el envío de anticonceptivos a Misiones, insumos básicos que se sostienen desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cuyos principales objetivos son la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual.

 

“Este programa siempre recibió desde la Nación -y lo sigue haciendo en menor medida- los distintos tipos de anticonceptivos: orales, inyectables de 30 y 90 días de duración y varillas de los implantes subdérmicos de larga duración. No hay una negativa de la Nación de mandarnos estos implementos, pero en la realidad están llegando en mucho menos cantidad de lo que usualmente requerimos para cubrir la demanda”, precisó a PRIMERA EDICIÓN el subsecretario de Salud, Héctor Proeza.

 

Solo en preservativos, la Provincia recibía unas 400.000 unidades anuales que se distribuían en los diferentes centros de salud y en lo que va del año apenas llegaron 15.000 preservativos, es decir menos del 4%. Proeza indicó que otros métodos anticonceptivos están llegando con una disminución del 60 al 40% dependiendo del método, respecto a lo que se recibía el año pasado.

 

“Se redirige el stock a la población más vulnerable”

Para tratar de contrarrestar el faltante de anticonceptivos, el Ministerio de Salud Pública provincial inició expedientes para concretar las compras de estos insumos. “Esto requiere un trabajo administrativo y una articulación con el Ministerio de Hacienda, es decir que no es un mecanismo inmediato, por lo que genera una demora para suplementar lo poco que está mandando la Nación”, admitió el funcionario.

En otras palabras, el faltante en la provisión de anticonceptivos impactará en los pacientes. No obstante, para tratar que este impacto no caiga en la población más vulnerable, Proeza precisó que “redirigimos nuestro stock existente a la población de riesgo menor de 20 años que está en los departamentos de la zona norte de la provincia y noreste y los conglomerados más vulnerables de Posadas y Garupá. En todas las situaciones donde hay escasez de insumos, lo que estamos haciendo es una reingeniería para que éstos le lleguen a las personas que más necesitan”.

En este contexto, admitió que “hay gente que tiene obra social o alguna que otra accesibilidad que ahora ya no podrá retirar los anticonceptivos gratuitos en el centro de salud, algo que hacíamos en pos de la reducción de la tasa de natalidad, pero ahora debemos tratar de afectar lo menos posible a los que necesitan de la prestación del Estado”.

 

“Se normalizó el envío de medicamentos de alto costo”

Según indicó Proeza, “con los métodos anticonceptivos está pasando lo mismo que con la provisión de los medicamentos de alto costo, la Nación reconoce la vigencia del programa de Salud Sexual y Reproductiva pero no envía los anticonceptivos porque aducen que están sin proveedor”.

Respecto a los medicamentos de alto costo, Proeza confirmó que este último trimestre “casi logramos recuperar la medicación del 100%, lo que implicó un ahorro a la Provincia de 2.500 millones de pesos porque lo que no mandaba la Nación lo comprábamos nosotros”.

 

No es de inmediata resolución

Consultado sobre cuánto tiempo puede demandar el proceso de compra de anticonceptivos por parte de la provincia, el Subsecretario de Salud indicó que “un proceso de compra directa puede tardar unos 45 días pero no nos permite adquirir grandes cantidades, mientras que una licitación puede tardar entre cuatro a seis meses”.

Según indicó el funcionario, por su composición demográfica con mayoría de población joven, Misiones tiene una demanda importante de métodos anticonceptivos en los centros de salud “antes, el 100% de esa demanda era suministrada por la Nación pero ahora nos vemos obligados a salir a comprar desde la provincia”.

Proeza recordó que la provincia incorporó a los 23 trabajadores del ex programa nacional de Prevención del Embarazo Adolescente No Intencional (ENIA) luego de que el Gobierno nacional lo desmantelara. “La Provincia hace un gran esfuerzo, incorporó a todos los profesionales que trabajaban en ENIA, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos y obstetras que trabajan en la educación sexual, van a las escuelas y trabajan mucho en la prevención del embarazo y las enfermedades que se contagian por contacto sexual”, destacó.

Tags: #saludAnticonceptivosMisionesprevenciónPrograma Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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